*Bernardo Salazar Santana manifestó su respaldo a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación como se ha aprobado en varios estados como Oaxaca o la Ciudad de México.
Alfredo Quiles Cabrera
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se pronunció a favor de la despenalización del aborto en Colima.
Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), manifestó su respaldo a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación como se ha aprobado en varios estados como Oaxaca o la Ciudad de México.
El Magistrado expresó su opinión en el sentido de respetar la decisión de cada mujer a ser madre.
“Es decisión de cada entidad federativa, yo considero, en lo muy personal, que es respetar un derecho de la mujer a la libre decisión de su cuerpo y maternidad, pero eso ya lo tendrían que valorar los legisladores en todo caso aprobarían una despenalización del aborto bajo ciertas decisiones”, dijo.
Salazar Santana sostuvo que en Colima hace unos años hicieron un ejercicio de consulta “y en ese ejercicio de consulta, mayoritariamente se decidió que no aceptar el aborto; fue un ejercicio democrático correcto pero impreciso porque en materia de derechos humanos, funciona de diferente manera. No podemos poner a consulta los derechos humanos”, sostuvo.
El presidente del STJE aclaró que actualmente no tienen datos sobre si hay mujeres en proceso o sentenciadas por abortar en Colima.
“No tenemos el dato, de hecho en alguna ocasión, en una estadística, tenemos un caso de hace 10 años y no propiamente contra la mujer sino contra la persona que la hizo abortar; la persona fue víctima de violencia y la hicieron abortar”, añadió.
Recordó que en las leyes locales existen cuatro causales para permitir el aborto, aunque ninguna de ellas tiene que ver con la decisión de la mujer que es lo que se discutió en otros estados.
SIN ADEUDOS
Por otra parte, el presidente del STJE destacó que el Poder Judicial del Estado no cuenta con deuda pública, además que si ha enterado las retenciones que se hace a sus trabajadores y no ha incrementado la nómina.
Expuso que dicha instancia no tiene contratos para la adquisición de créditos con instituciones bancarias. Dijo que la información que pública de manera trimestral el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig), donde supuestamente destaca un pasivo de 98 millones 773 mil 721 pesos, no es tal.
“Esos casi 99 millones de pesos en su mayoría están conformados por depósitos y consignaciones que las partes en los juicios, por disposición del mismo juicio se tienen que consignar en el asunto”, explicó.