La reforma a la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, aprobada por unanimidad en la Sesión Ordinaria de la LIX Legislatura de la Paridad de Género, permitirá que adultos mayores de nuestra entidad accedan a los programa sociales sin tener que erogar recurso alguno para tramitarlos.
Esta propuesta de reforma fue presentada en tribuna por la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, con el respaldo de su homóloga del Grupo Parlamentario de Morena, Araceli García Muro, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.
En tribuna, la legisladora única de Movimiento Ciudadano explicó que con la reforma a la fracción IV del artículo 64 de esta Ley, las personas que tengan una residencia mínima de diez años en la entidad, se acreditarán a través de la constancia respectiva.
Expuso que cuando por razones de salud o económicas no tengan posibilidad de tramitar el documento idóneo, la residencia se podrá acreditar con diversos documentos que autentifiquen su residencia, pudiendo ser acta de nacimiento, recibos de pago, credenciales de identificación, recibos de luz, teléfono u otros similares, previa visita de verificación del Instituto.
Esta reforma fue presentada debido a que diversos adultos mayores se encontraron con un bloqueo para acceder a un programa de pensión económica la cual, se encuentra establecida en la Ley Para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima.
Dijo que el programa “Tu pensión, Nuestro Compromiso” establece una serie de requisitos, entre ellos el que radique permanentemente en el estado, con una antigüedad mínima de diez años, acreditándolo con una constancia de residencia.
En ese contexto, manifestó que dicha constancia de residencia a que se hace referencia, en diversos ayuntamientos tiene un costo de 250 pesos, lo que resulta oneroso para la mayoría de adultos mayores y eso les impide a muchos registrarse.
Este requisito lejos de cumplir con una medida normativa, señaló que tiene como efecto inhibir o limitar aquellos adultos mayores que no cuentan con ese monto para solicitar su constancia de residencia, “recordemos que los programas sociales son para brindar un bienestar a determinado sector vulnerable.”
Indicó que no se debe olvidar la naturaleza de esta pensión económica, pues es un derecho con el que cuentan nuestros adultos mayores, ya que muchos viven en la pobreza, sin la posibilidad de contar con un ingreso permanente y tomando en cuenta que algunos adultos, son relegados y que no son favorecidos por las diferentes instituciones públicas, y considerando que han contribuido al mejoramiento económico y social del Estado.
Por tal razón, las diputadas Araceli García y Remedios Olivera concluyeron que se les debe garantizar a los adultos mayores una vida decorosa y suprimir las barreras o limitantes, generando condiciones de fácil acceso, “como el caso que nos ocupa, con otros documentos idóneos para acreditar la residencia”.