Hace un par de semanas, el 1 de abril, en esta misma columna le di a conocer que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad-capital, había notificado al Congreso la ejecutoria dictada al expediente 35/2019, interpuesto por el Director de Procesos Legislativos de la Quincuagésimo Novena Legislatura, Romualdo García Mejía, en contra del Gobernador y de su propio patrón el Congreso Local.
Aquella ocasión cité que la Quincuagésimo Novena Legislatura, estaba durmiendo con el enemigo, pues a pesar de que él interpuso el recurso primero de amparo, que fue sobreseído por la jueza del Juzgado Primero, el 30 de noviembre del año 2018, y a pesar de que Romualdo García, fue invitado a colaborar como Director de Procesos Legislativos, desde el 1 de octubre, nunca les dijo a sus patrones los diputados que tenía interpuesto un recurso en contra del Congreso.
Bien, el mismo 1 de abril pasado, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Vladimir Parra Barragán, a través de un comunicado de prensa, confirmó lo que le anticipé que “este lunes 1 de abril, el Congreso del Estado recibió la notificación del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito de la sentencia relativa al amparo de revisión 35/2019 en materia administrativa.”
Y decía en ese comunicado que “el siguiente paso es que el Gobernador vuelva a realizar el procedimiento, bajo los lineamientos señalados en la sentencia, los cuales son: publicar convocatoria, hacer exámenes a aspirantes, y tomando una decisión final justificada. Este nuevo proceso será supervisado por el Tribunal Colegiado y al Poder Legislativo le corresponde analizar las nuevas propuestas y aprobarlas en su caso.
“Cabe mencionar que los nombramientos de los 3 magistrados fueron propuestos por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al Congreso del Estado y aprobados por la 58 legislatura en la sesión del 16 de junio de 2018”.
En la columna que escribí hace un par de semana afirmé que podía estarse dando un conflicto de interés, pues Romualdo García, como Director de Procesos Legislativos disponía de información privilegiada y que por eso, sin separarse el cargo había interpuesto una revisión al amparo que le había sido negado por la jueza del Juzgado Primero.
Bueno pues nada más para que saque conclusiones, usted acaba de leer la declaración de Vladimir Parra, en el sentido de que habían sido notificados desde el 1 de abril del presente año.
Pero ¿qué cree que sucedió?…
Bueno pues que hubo algunas cosas raras, ya que a pesar de que la Quincuagésimo Novena Legislatura sesionó el jueves 4 de abril, a la Dirección de Procesos Legislativos “se le olvidó” dar entrada formal para informar a los y las diputadas, que se había recibido la ejecutoria del amparo en revisión 35/2019, es decir, de manera oficial no se le dio entrada a la notificación del Tribunal Colegiado de Circuito, aún para para ese órgano jurisdiccional, ya estaban corriendo los plazos legales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, diputado Carlos César Farías, declaró el día 2 de abril, ya teniendo conocimiento de las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que desde el día 1 se había recibido la notificación, que de inmediato se reuniría la comisión a su cargo, para enviar el informe al Tribunal Colegiado de Circuito, señalando que sería el miércoles 3 de abril.
Sin embargo no pudo trabajar como era el propósito, porque al no habérsele dado entrada formal a la ejecutoria, no le fue enviada para que iniciara los trabajos de análisis.
Ingresó el pasado viernes 12…
Bueno los días seguían transcurriendo y a pesar de que el Congreso sesionó en tres ocasiones, fue hasta el pasado viernes 12 de abril, cuando en el punto 9 de la síntesis de comunicaciones, se da conocer a los diputados que mediante Oficio de fecha 9 de abril de 2019, “(se) remite la sentencia de amparo en revisión dictada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en los autos de la revisión principal 35/2019, que derivó del Juicio de Amparo Indirecto 644/2018-III-EM, del índice del Juzgado Primero de Distrito, promovido por Romualdo García Mejía, contra la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima”.
Así como lo lee, apenas el día 12 de abril se dio entrada formal a un documento que turnó el Director Jurídico del Congreso del Estado de Colima, Lic. José Alberto Vázquez Martínez, en funciones de Director de Proceso Legislativo, porque supuestamente se excusó Romualdo García.
Lo grave de todo esto, salvo su mejor opinión, es que si desde el día 1 de abril fue notificado el Congreso local, según Vladimir Parra, ¿por qué hasta el 9 de abril el director de Asuntos Jurídicos está remitiendo la sentencia de amparo? ¿Quién escondió esa sentencia? ¿Quién se beneficia con esta tardanza?
Y lo peor, que haya ingresado a través de síntesis de comunicaciones hasta el día 12 de abril para apenas ser turnado a las comisiones que habrán de dictaminar sobre este asunto.
Si la sentencia fue notificada al Congreso el 1 de abril, los diez días que tienen para contestar al Tribunal Colegiado de Circuito, vencían precisamente el 12 de abril, cuando apenas, por el trámite burocrático se le estaba dando ingreso formal.
El perjudicado es el Congreso, que incluso si el plazo se venció el pasado viernes, hasta de incumplimiento de sentencia puede ser señalado y se les pueden fincar responsabilidades.
En la sesión del pasado viernes, le hicieron a la faramalla durante la sesión, de que cuando se iba a presentar el punto de síntesis de comunicaciones, se pidió al Director de Asuntos Jurídicos asumir las funciones de Director de Procesos Legislativos, porque éste había solicitado, excusarse de participar en este punto, pero apenas pasó retomó las funciones Romualdo García.
Este lunes habrá sesión, y el principal asunto a tratar será lo relativo a revocar el acuerdo 68 de fecha 16 de julio de 2018, para dejar sin efecto los nombramientos como magistrados propietarios de Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, quienes seguirán como magistrados interinos.
En fin aún queda mucha tinta por correr sobre este asunto, por lo pronto le informo que también en la sesión del viernes pasado, se dio entrada formal en la síntesis de comunicaciones al oficio número DJ-122/2019, de fecha 9 de abril de 2019, suscrito por el Director Jurídico del Congreso del Estado, a través del cual remite, para conocimiento de los legisladores, incidente de incompetencia presentado en la revisión principal 35/2019, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, que derivó del Juicio de Amparo Indirecto 644/2018-III-EM, del índice del Juzgado Primero de Distrito, promovido por Romualdo García Mejía en de la Ejecutoria de amparo en revisión 35/2019 y el acuerdo TCC.
En una próxima columna le daré a conocer qué sucedió en el Tribunal Colegiado de Circuito, para resolver en favor de Romualdo García, un recurso que no fue interpuesto como finalmente resolvió el Tribunal Colegiado, el cual se arrogó para sí, facultades que son exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Le dijo, no se separe mucho este asunto aún dará muchas cosas de qué hablar.
Proceso de consejeros, en entredicho…
En otro asunto que va a dar mucho de qué hablar, será el referente al dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos, Atención a Migrantes y Adultos Mayores, donde se dio a conocer la elección de diez personas que integrarán el consejo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima.
Como usted estará enterado se publicó una convocatoria para que se inscribieran a todas las personas susceptibles de formar parte de este consejo, y, algo que debió haber salido bien planchado, al final se les hizo bolas el engrudo y todo por querer incluir a sus amigos, y dejar fuera a personas que ellos consideraron no eran afines a sus intereses.
La diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, como presidenta de la comisión de derechos Humanos, en coordinación con la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, fueron las responsables de emitir el dictamen mediante el cual proponían al pleno del Congreso los nombres de las diez personas que integrarán el consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
En la convocatoria expedida el 25 de febrero por el Congreso del Estado, se fijaron los puntos que se supone serían tomados en consideración al momento de analizar las propuestas de las personas registradas por los distintos entes, señalándose que se recibieron 27 solicitudes de ciudadanos propuestas tanto de entidades públicas, como de asociaciones de la sociedad civil, promotoras en la defensa de derechos humanos.
La comisión dictaminadora afirmó que solo resultó procedente el registro de 23 expedientes, dejando sin el derecho de entrevista 4 perfiles, debido a que, según la legisladora, no se cumplió con base décima primera de la Convocatoria.
Para esto debo comentarle que los cuatro ciudadanos que no fueron convocados a ser entrevistado, ni siquiera se les notificó por qué causa quedaron eliminados de este proceso y la situación hubiera quedado soterrada si uno de los inscritos que se enteró que se estaban llevando a cabo las entrevistas, acudió a preguntar cuando le tocaría a él y ahí fue donde se llevó la sorpresa de que lo habían descalificado sin siquiera habérselo notificado.
Los cuatro aspirantes que dejaron sin derecho a ser oídos, fueron eliminados de manera injustificada, pues sacaron los expedientes sin habérseles notificado la causa.
Cuando uno de los aspirantes se enteró de que estaban por concluir las entrevistas dialogó con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien le argumentó que fue eliminado su expediente porque había sido propuesto por un ente público y no un ente privado, cuando en la convocatoria expedida por el Congreso era permitido que los entes públicos propusieran aspirantes, por lo que la justificación de la Presidenta de la Comisión era injustificada.
Tratando de salvar su responsabilidad, Remedios Olivera dijo que la eliminación había sido en común acuerdo con la comisión ciudadana para evaluar los perfiles, la cual estuvo integrada por un representante de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima, Licenciado Roberto Sánchez Aguirre; un representante de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental A.C., Licenciado Efraín Naranjo Cortés; un representanta de sector académico por el Rector de la Universidad de Colima, Doctora Ana Isabel Zermeño Flores; un profesionista nombrado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, Licenciado Federico López Ramírez; y un profesionista nombrado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, Licenciado Francisco Palacios Barajas.
Con esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se comete la primera violación a derechos humanos, pues se está haciendo una discriminación política.
La discriminación se configura debido a que la justificación para dejar fuera a un aspirante era que había propuesto por un ente público opositor a la línea política del Congreso; como la ve, es decir el expediente de este aspirante fue rechazado de manera injustificada.
El interesado a ser parte del consejo de la Comisión de Derechos Humanos dialogó personalmente con las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos, y éstas tratando de lavarse las manos dijeron que la diputada Olivera, los integrantes de la comisión ciudadana y los jurídicos del Congreso les habían informado que ese expediente y otros 4 más no habían cumplido con los requisitos, por lo tanto, no habían pasado a la evaluación del comité ciudadano y las comisiones de justicia y derechos humanos del Congreso en el modo de entrevista.
El interesado a ser parte de la Comisión les comprueba que su situación no está fuera de lo señalado en la convocatoria, por lo que solicitó vía telefónica a la diputada Olivera una audiencia para ser informado de las razones del desechamiento de su expediente, cosa que ocurrió el 11 de abril.
La diputada cita al afectado en el Congreso para que en conjunto con la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, así como del director jurídico del Congreso, José Alberto Vázquez informarle de las razones jurídicas por las cuales su expediente fue desechado.
En reunión privada con las diputadas Remedios Olivera Orozco (MC), Araceli García Muro (morena), Martha Meza (Verde), María Guadalupe Berver Corona (PRI) y Rosalva Farías Larios (PANAL) de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos César Farías Ramos (PT), el director jurídico del Congreso José Alberto Vázquez, y así como el diputado Miguel Ángel Sánchez (Verde) como testigo informaron al afectado, en voz del jurídico, la razón por la que su expediente fue desechado.
El director jurídico del Congreso José Alberto Vázquez, informó al afectado que su expediente estaba bien integrado y que la institución pública que lo propuso, en efecto cumplía con las características solicitadas por la ley, el decreto y la convocatoria, sin embargo, al no integrar una copia del nombramiento de la titular del organismo público, su expediente fue desechado.
El afectado se inconformó debido a que el documento solicitado no era un requisito de la convocatoria, el decreto o la ley, por lo que el desechamiento de su expediente era ilegal.
El director jurídico respondió que, aunque no estaba en la convocatoria era interpretativo, es decir, a pesar de que era algo que no pedía la convocatoria, el funcionario del Congreso interpretaba que así debía de ser y por eso, en lugar de haber notificado al interesado que le faltaba esa copia, decidieron eliminarlo.
Aquí el Jurídico del Congreso que seguramente estaba acatando las órdenes recibidas, se extralimitó, pues asumió facultades metaconstitucionales, perdiendo de vista que él como funcionario solo puede aplicar lo que las leyes, ordenamientos, y reglamentos le confieren, pues él como profesional del derecho debe saber que ni las leyes, los decretos o las convocatorias son interpretativas, sino que se llevan a cabo al pie de la letra, por lo que era evidente que el expediente había sido desechado por dolo.
Inclusive el presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el diputado Carlos César Farías dijo a las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos que el expediente había sido desechado de manera injustificada y que al afectado le asistía la razón.
Inclusive la diputada Remedios Olivera, tratando de acabar con la discusión al ver que se habían extralimitado, informó a los presentes que por acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que ni siquiera se habían separado para deliberar, dijo que le realizarían la entrevista al afectado, aunque eso sí, nunca aceptó que actuaron de manera injustificada.
Todavía el diputado Carlos César Farías informó a la Comisión de Derechos Humanos que dicha entrevista era desventajosa para el afectado, pues solo la realizarían dos de las diputadas, dejando fuera al consejo ciudadano que es quien realizó las demás entrevistas, es decir, otra violación más al procedimiento.
A pesar de la advertencia del diputado Carlos César Farías, la diputada Remedios Olivera insistió en llevar a cabo la entrevista, pues, según sus palabras, les urgía sacar el proceso para poder cumplir con los tiempos de la convocatoria, dejando fuera, pues, a los integrantes la comisión ciudadana de la evaluación del afectado.
Está por demás decir que fue una entrevista en condiciones desiguales, en la cual el afectado respondió todas y cada una de las preguntas y así, sin más el viernes se presentó al pleno el dictamen conteniendo los diez nombres, en donde de ni por asomo apareció el del aspirante a consejero.
¿Los mejores?…
De acuerdo al dictamen llevado al pleno, las diez personas fueron las mejores, aunque para ello se hayan dado algunas violaciones.
Primero deje comentarle que las diez propuestas de la Comisión de Derechos Humanos aprobadas, son: Luis Enrique Puga Virgen, postulado por Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI, A.C.; Francisco Martín Cárdenas Medina, postulado por VIHDA Manzanillo, Institución de Asistencia Privada; Laura Helena Itzel Jiménez Galván, postulada por Occidente Funciona, Gestión para el Desarrollo Regional, A.C.; Mayra Vianey Felipe Granados, postulada por Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos Proceder, A.C..
María Guadalupe Hinojosa Cisneros postulada por Fundación con Equidad, A.C.; María Del Carmen Vargas García, postulada por Nosotros También Contamos, Institución de Asistencia Privada; Marco Antonio Pérez Gaspar, postulado por Identidades Sexuales Diversas, A.C.; Francisco Jesús Pérez Medina, postulado por Apac Colima, Centro Integral de Rehabilitación, I.A.P.; Ma. del Carmen García García, postulada por el Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, A.C. y Fausto Leopoldo Delgado Flores.
Como se dará cuenta entre los diez, hay personas que responden a intereses de consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, les están heredando la silla; después, está el caso de una ciudadana que fue postulada por el Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, A.C., que era parte de la comisión ciudadana evaluatoria, es decir, de manera inmoral fue juez y parte en este proceso de selección y lógico, ganó su propuesta.
Y si se dio cuenta, el décimo de los integrantes al consejo que fueron electos, no lo postuló nadie, en consecuencia esa sí era una flagrante violación a la convocatoria que señalaba como requisito debía ser postulado por alguna entidad pública, como de asociaciones de la sociedad civil, o promotoras en la defensa de derechos humanos… va a ser interesante saber quién metió las manos para que haya sido incluido en la lista de consejeros.
Para cerrar…
**Hoy habrá sesión…
Este lunes habrá sesión ordinaria del congreso antes de irse de vacaciones, y durante la misma habrá dos temas relevantes; uno, para que la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, presentarán el dictamen para dejar sin efecto el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de esa manera acatar la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito.
Además, en la misma sesión, se abrirá un espacio solemne para que rindan la toma de protesta, las y los ciudadanos Luis Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas Medina, Laura Helena Itzel Jiménez Galván, Mayra Vianey Felipe Granados y María Guadalupe Hinojosa Cisneros, como consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
Los restantes rendirán protesta hasta el 13 de septiembre. Lástima que el procedimiento del cual surgieron no hubo la pulcritud que se esperaba….
**Para cerrar, solamente le comento que no falta mucho para que detone otro asunto al interior del Congreso, que dicen tiene que ver con el manejo de recursos; comentan que se va a poner bueno el desgarriate, ya que recursos de algunos diputados y diputadas no han llegado a quien corresponde, cuando menos no de manera íntegra…
Yo hasta aquí dejo “Desde la Curul 26”, deseándole que si se va a ir de vacaciones tome todas las previsiones; que le vaya bien y que se divierta…Hasta la próxima.