*Alerta estudio Instituto para la Economía y la Paz sobre aumento de inseguridad *Por primera vez Colima dejo de ocupar el primer ligar nacional.
Alfredo Quiles Cabrera
El impacto económico de la violencia en México aumentó 10% en 2018, año en el que Baja California se convirtió por primera vez en la entidad menos pacífica del país, seguido por Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua, señala el informe anual del Instituto para la Economía y la Paz.
El Índice de Paz México 2019 afirma que el costo de la violencia alcanzó el año pasado los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB nacional o a 41 mil 181 pesos per cápita, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.
El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia fue el homicidio, cuya tasa aumentó 14% superando las 27 muertes por cada 100 mil personas, el nivel más alto registrado.
Las cinco entidades más violentas del país son: Baja California, Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua, señala análisis.
También escalaron los delitos con violencia 25% entre 2015 y 2018; la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, 11.6%, así como los casos de extorsión y narcomenudeo.
La situación se ha deteriorado a tal nivel, que cada año uno de cada tres adultos es víctima de un delito. Baja California es el estado menos pacífico, superando a Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua, que conforman la lista de las cinco entidades más violentas.
Del otro lado de la balanza, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo siguen siendo son los estados más pacíficos, aunque algunos de ellos muestran señales de alerta.
El Instituto para la Economía y la Paz es un think tank independiente con oficinas en Bruselas, Sidney y Nueva York, y sus estudios están dirigidos a cuantificar la paz y sus beneficios.
Pese a los elevados índices de homicidios, delitos con violencia y crímenes de delincuencia organizada, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial está por debajo de los niveles regionales e internacionales.
México destinó 0.81% del PIB en seguridad interna y su sistema judicial, lo que representó la mitad del promedio de los países de la OCDE.
También está por debajo de la media latinoamericana, 1.5 por ciento del PIB; por ejemplo Jamaica destina 2.5 por ciento de su PIB.
El documento subraya que este déficit limita la capacidad del sistema judicial para contener la violencia, ya que hay sólo 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, lejos de la media mundial de 16.2 y alrededor de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad del promedio del resto de América Latina.
Aunado a ello, se abrieron carpetas de investigación sólo en 7% de los delitos en 2017 y menos de 3% terminaron en sentencia, lo que arroja una tasa de impunidad de 97%.
