*Podrían correr la misma “suerte” que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
*No se cuido el procedimiento para su designación.
Alfredo Quiles Cabrera
Cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y un Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrían ser destituidos por un Tribunal Federal por las mismas causas por las que fueron destituido los tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal: “la falta de transparencia en sus nombramientos”, afirmó el diputado panista y presidente de la Comisión de Transparencia de la Quincuagésima Novena Legislatura Local, Francisco Rodríguez García.
Cabe mencionar que el pasado fin de semana se filtro la información de que “un juez federal dejó sin efecto los nombramientos Andrés García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, aprobados por la anterior legislatura del Congreso del Estado.
De acuerdo con el amparo 664/2018, concedido a Rumualdo García Mejía, los actuales magistrados Andrés García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López deberán dejar sus cargos y el Congreso deberá reponer el proceso.
“Se revoca el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito y se concede en amparo y protección de la justicia federal” y “quedan sin efecto los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y deberán nombrarse a nuevos titulares”.
De forma colateral, este criterio afectará posteriormente las designaciones de cuatro magistrados más del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que también fueron impugnados.
Sobre el particular, el diputado panista señaló que la decisión del Trigésimo Segundo Tribunal de Circuito es “una llamada de atención” al gobierno del estado y a las pasadas autoridades para cuidar los derechos humanos.
Rodríguez García señaló que el procedimiento de nombramiento de los titulares del TJA fue “apresurado, restringido y violando los derechos de más interesados porque no se realizó ninguna convocatoria pública”.
Explicó que “debe haber una convocatoria de máxima publicidad, de equidad, de evaluación para evitar dañar derechos a los ciudadanos (…) es una llamada de atención ante la voracidad del ejecutivo en complicidad con la mayoría del congreso de la pasada legislatura”.
El panista señaló que esta decisión también afectará los procesos de designación de cuatro magistrados del STJE (Mario de la Madrid, René Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Leticia Chávez Ponce) y de un comisionado del Infocol (Francisco Yáñez Centeno y Arvizu) ya que el quejoso presentó un recurso en ambos sentidos.