La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó en el Congreso del
Estado una iniciativa para expedir la Ley de Fomento a la Confianza
Ciudadana, a fin de establecer las bases para instrumentar acciones y
programas que las dependencias de la administración pública estatal
deben efectuar para otorgar beneficios y facilidades relacionados con la
actividad económica que desempeñan personas físicas y morales en el
ámbito de jurisdicción, la cual se turnó a comisiones para su análisis.
La legisladora del PT expuso que aunque la economía nacional enfrenta
grandes desafíos, se ha logrado mantener cierta estabilidad gracias a la
diversificación de actividades destinadas al comercio exterior, pero
también al mercado interno al que va dirigida la mayor parte de la
producción y prestación de servicios en nuestro país.
“Tal estabilidad se debe en gran medida a la perseverancia de la
ciudadanía que contribuye al crecimiento de la economía nacional, ya que
de los 4.2 millones de unidades económicas que existen en México, 99.8 %
forman parte de las pequeñas y medianas empresas. De éstas, 97.6 % son
microempresas que concentran el 75.4 % del personal ocupado total. Le
siguen las empresas pequeñas que son un 2% y tienen el 13.5 % de
personal ocupado. Las medianas representan el 0.4 % de 1 las unidades
económicas y tienen poco más del 11 % de personal ocupado”.
Destacó la oportunidad histórica que tiene la nueva administración para
transformar al país; es necesario establecer acciones estratégicas y
políticas públicas que permitan lograr el desarrollo económico que
favorezca la certidumbre jurídica, creando un ambiente de beneficio para
el crecimiento de negocios y creación de empleos.
Karen Hernández señaló que la aplicación de la Ley corresponde al
Ejecutivo Estatal a través de la Sefome, que tendrá además de sus
propias funciones, las siguientes: fomentar la cultura de la legalidad y
el comercio formal, realizar convenios con los municipios para facilitar
a personas y empresas su actividad económica.
Generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento permanente de
obligaciones regulatorias y fiscales y el otorgamiento de facilidades
por parte de las dependencias de la Administración Pública Estatal;
operar y administrar el Padrón Único de Confianza en los términos de
esta ley y los convenios de coordinación con los municipios.
Este padrón tiene como propósito la captura, almacenamiento, custodia,
seguridad, consulta, administración y transmisión de información
concerniente a contribuyentes que podrán ser beneficiarios y dicha
información deberá manejarse de conformidad a Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.
La inscripción voluntaria de contribuyentes se entenderá como acto de
buena fe, por el cual manifiestan que se encuentran al corriente en sus
obligaciones regulatorias y fiscales, según la actividad económica que
desempeñen.
Hernández Aceves resaltó que en el Proyecto de Nación 2018-2024 del
presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera tarea es recuperar al
Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y
social del país; “el Estado debe asumir su responsabilidad pública,
económica y social: su razón de ser es garantizar a toda la población
una vida digna y justa, con seguridad y bienestar”, dijo.
El eje principal de la nueva administración es eliminar la corrupción en
México, y para ello es necesario implementar diversas acciones
tendientes, principalmente, a reconstruir la confianza de la ciudadanía
en las instituciones de la Administración Pública. Así, por ejemplo, el
nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado
en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como
delincuente. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de la
buena fe, concluyó la Diputada petista Ana Karen Hernández Aceves.