Mariano Anguiano cuenta dos denuncias penales en la PGR

=La ASF presento 53 denuncias en contra de ex gobernadores estatales

=Entrega la ASF resultados de de cuentas públicas de Gobiernos Estatales pasados al Congreso Federal.

=El ex gobernador de Colima dos denuncias penales por malos manejos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Alfredo Quiles Cabrera

El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, cuenta con dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, mismas que fueron presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por “malos manejos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal”, según dio a conocer dicha instancia a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Congreso Federal.

El Congreso Federal, según versión del periódico El Heraldo de México y el portal informativo de la Legislatura Federal, recibió del titular de la ASF, David Colmenares Páramo, los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

En este informe se destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 53 denuncias penales durante 2018, 10 de éstas contra administraciones pasadas de siete gobiernos estatales, entre ellos Colima, que desviaron recursos públicos, de acuerdo con la segunda entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017.

La gestión del ex gobernador de Veracruz, hoy preso, Javier Duarte, ameritó la presentación de una denuncia más, a partir de la desaparición de 2 mil 568 millones de pesos transferidos por la Secretaría de Salud al estado, en 2014.

Mientras Fausto Vallejo gobernó Michoacán se registró un probable desvío de recursos públicos por 2 mil 139 millones de pesos a cuentas privadas, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en 2013.

La administración de Guillermo Padrés, en Sonora (también preso), fue objeto de una denuncia penal por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En la Cuenta Pública 2014, la ASF, detectó daños a la hacienda pública por más de 200 millones de pesos por el mal ejercicio de los recursos de este fondo.

COLIMA

En casos como el de Jalisco, el daño al erario, motivo de dos denuncias, data desde hace dos administraciones, es decir, de la encabezada por el panista Emilio González Márquez quien, en 2012 cometió irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

La gestión de Mario Anguiano Moreno, en Colima, también “fue objeto de dos denuncias penales por malos manejos” del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; “en este caso, se pagaron bonos a personas que no eran maestros, incluso hasta fletes”, se establece en el documento.
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En el mismo caso están los gobiernos que encabezaron Marcos Alberto Covarrubias, de Baja California Sur, y de San Luis Potosí, Fernando Toranzo.

David Colmenares, titular de la ASF, detalló a su vez que siete denuncias penales fueron presentadas en octubre, porque dependencias públicas contrataron a universidades para realizar tareas para las que no estaban capacitadas. Estas denuncias, dijo, involucran recursos por mil 900 mdp.

La ASF también detectó que un solo fondo del Ramo 23 (conocido como el ramo de los moches) ejerció mil 500% más de lo presupuestado por los diputados.

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero tuvo un presupuesto de 3 mil 243 millones de pesos para 2017, pero en realidad ejerció 55 mil 116 millones.

En este informe, la ASF sólo auditó 16 estados. A partir de este descubrimiento, decidió revisar el ejercicio de las 32 entidades federativas.

De los revisados, el Estado de México reportó el mayor monto observado de recursos (960 millones de pesos), seguido de Puebla (920 millones de pesos) y Guanajuato (173 millones de pesos). Falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, obras pagadas pero no ejecutadas y falta de amortización de los anticipos son algunas irregularidades detectadas.

Para evitar la discrecionalidad en el gasto de estos recursos, la Auditoría recomendó establecer lineamientos que regulen el fondo.