• Fue turnada a Comisiones para su análisis respectivo
La Ley de Austeridad del Estado de Colima, tiene por objeto la
aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del
gasto gubernamental, como política del Estado para hacer cumplir los
principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez
en la administración de los recursos económicos de carácter público de
que dispone la Nación, expresó la Diputada local Jazmín García Ramírez,
al presentar esta iniciativa de Ley a nombre de la Fracción
parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
Al dar lectura al documento destacó que con ello dan cumplimiento al
claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de Julio y en
hora al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido
tanto por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, como por
las diputadas y diputados que “impulsamos este proyecto de nación,
quienes reconocemos como indispensables para la reconstrucción de la
institucionalidad del Estado y de México”.
Además de la constitucionalidad viable y socialmente necesario,
incorporar la austeridad como principio conductor de la administración
y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de
observancia obligatoria para todo servidor público, y transversal a todo
el gobierno.
La legisladora Jazmín García, puntualizó que por su parte, promoverán
este instrumento la generación del andamiaje jurídico que soporte este
proceso de cambios trascendentes, acorde a los lineamientos aprobados en
el orden federal.
Señaló que la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que
la clase política se había agenciado, y realizar los principios
constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en
la asignación y el ejercicio de recursos públicos.
Dejó en claro que el conjunto de herramientas para alcanzar los
objetivos de esta Ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o
restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución
y las leyes, por el contrario, dijo, el propósito es claro: “hacer
eficiente el gasto, destinándolo efectivamente al interés general, para
liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la
prosperidad de los colimenses”.
García Ramírez, manifestó que las cifras del dispendio son exorbitantes,
año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y
servicios suntuosos, que durante varias décadas se consideraron normales
entre los políticos y gobernantes, ahora, mencionó que es menester
recuperar la dignidad del servicio público, y la única vía, es tener en
cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que la
situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve
necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia.
En MORENA, destacó que se tiene la fiel convicción de que es necesario
establecer principios políticos y éticos, para que los funcionarios
públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las
administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno
republicano de Benito Juárez.
Conforme a lo anterior, la austeridad, comprende diversos puntos como lo
son: La reducción del gasto corriente respecto a los salarios y
prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos
autónomos y sus entes públicos, además de la incorporación de todos los
funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la
consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de
jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de
recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o
separación, cualquiera que sea su denominación.
La Ley de Austeridad del Estado de Colima que comprende 14 Artículos,
dice que durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a
las autorizadas en los presupuestos de egresos, ni se aumentarán sus
dotaciones, agregando que la contratación de servicios personales por
honorarios solo procederá en casos excepcionales y plenamente
justificados.
Solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de
seguridad y procuración e impartición de justicia podrán disponer, con
cargo al erario el servicio de escolta, además en ningún otro caso se
autorizará la erogación de recursos del los respectivos presupuestos y
entre otras medidas sólo se autorizará por ente público, dependencia,
órgano desconcentrado o entidad los viajes oficiales que resulten
estrictamente necesarios.
Esta iniciativa de Ley, dio a conocer la legisladora local Jazmín García
Ramírez que fue turnada a la Comisión de Estudios legislativos y Puntos
Constitucionales, así como la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos y las que le competan para su análisis
correspondiente.