=Especialista advierte que las entidades federativas que no cumplieron con el compromiso hecho hace 4 años están rebasadas por las organizaciones criminales
Hace cuatro años todos los estados del país se comprometieron a elaborar un diagnóstico y programa de derechos humanos, para fortalecer el proyecto nacional en la materia, pero hasta ahora más de 10, entre ellos Colima, no ha cumplido la tarea.
Los estados que incumplieron con el compromiso son aquellas donde se ha disparado la inseguridad y delincuencias: Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Yucatán.
“Estas entidades no cumplieron con el compromiso que adquirieron el 10 de octubre de 2014, en la XLVII Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores”, revela información de la Secretaría de Gobernación.
Hasta septiembre había 20 diagnósticos y 19 programas estatales de derechos humanos publicados por Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala (diagnóstico sin programa), Veracruz y Zacatecas.
Tlaxcala cumplió a medias, porque sí elaboró su diagnóstico en derechos humanos, pero no ha servido de nada porque no avanzó hacia la implementación del programa.
Investigadores acusaron que el interés de la Secretaría de Gobernación en la promoción y defensa de los derechos humanos fue solamente retórico, como demuestra el hecho de que el convenio de la Federación con los estados para que éstos realicen diagnósticos y programas estatales de derechos no incluyó la transferencia de recursos económicos para ese propósito.
En cuanto a los estados, comentaron que sus organismos defensores de derechos humanos, aunque son constitucionalmente autónomos, en la práctica son total y absolutamente dependientes del titular del Poder Ejecutivo local, lo que constituye una debilidad institucional.
En su opinión, el sistema nacional de derechos humanos amerita una revisión y una reforma orientada a que las observaciones de las comisiones de derechos humanos sean obligadamente aceptadas por las instituciones del Estado mexicano.
