Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la propuesta que presentó el senador colimense Joel Padilla Peña para exigir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se pronuncie en torno a la exigencia de la ciudadanía de los municipios de Armería y Manzanillo, así como a la solicititud del estado de Colima, para que sea anulado o revocado el título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán de la carretera Colima-Manzanillo.
El legislador del Partido del Trabajo señaló que los usuarios de este tramo carretero han denunciado al gobierno federal y a la concesionaria por el excesivo cobro de 130 pesos por 37 kilómetros de carretera, así como por las prórrogas irregulares e ilegales para aumentar la vida de esta concesión, que han generado graves conflictos en la sociedad colimense.
Indicó que los medios de comunicación han evidenciado el gran conflicto social que provoca la caseta de Cuyutlán, dan cuenta que en diversas ocasiones grupos de ciudadanos organizados se han reunido en las inmediaciones de la caseta para liberarla, suscitándose diversos connatos de bronca y golpes, entre los manifestantes y un grupo de ciudadanos que se han identificado “como trabajadores de PINFRA (Promotora y Operadora de Infraestructura) o ciudadanos afectados por las liberaciones”. De acuerdo con las notas periodísticas estos enfrentamientos han resultado en lesiones a los manifestantes, así como en daños a los vehículos que circulan por la caseta, ya que las supuestas personas contratadas por la concesionaria estuvieron arrojando barrotes de madera con clavos al paso de los vehículos, para obligar a los conductores a pagar el peaje.
Esta caseta no solo afecta la economía de los pobladores del Municipio de Armería, continuó Padilla Peña, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) concentran el mayor número de personas en pobreza del estado de Colima, sino que además afecta el desarrollo económico del Municipio de Manzanillo el cual vive del turismo, razón por la cual el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha solicitado que se revisen los contratos con la concesionaria ya que afecta al turismo, al comercio y a los pobladores, quienes tienen que pagar la caseta, a diferencia de residentes de otras poblaciones del estado de México, quienes al acreditar su residencia no pagan peaje, o pagan un peaje menor a la concesionaria.
Es importante señalar que las múltiples prórrogas que ha dado la autoridad a la concesionaria de la caseta de Cuyutlán, violentan la Ley de Vías Generales de Comunicación, misma que reguló la concesión al momento de su surgimiento.
La quinta y última modificación de la concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo, a la empresa Promotora de Autopistas del Pacifico, S. A. de C. V., se dio el 25 de febrero de 2011, en la que se establece un plazo de vigencia de la concesión de 30 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990, autorizando una prórroga hasta por 30 años más, con lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende que esta esta concesión tenga vigencia hasta el 2050, cuando originalmente la vigencia de la concesión terminaría el 9 de febrero del 2000.
Colima es el único estado del país donde la empresa concesionaria cierra en temporada vacacional la caseta de peaje con argumentos falsos para impedir la manifestación pacífica de ciudadanos inconformes con el excesivo costo de la caseta de cuota.
Para finalizar, el senador Joel Padilla Peña urgió al gobierno federal resolver urgentemente las demandas los colimenses, quienes rechazan continuar pagando esta interminable concesión que lesiona la economía regional, y advirtió que en la próxima comparecencia del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, exigirá cuentas sobre este tema.