El Congreso del Estado exhortó a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) para que investigue las irregularidades cometidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que violentando la
Ley de Vías Generales de Comunicación expidió las prórrogas de concesión
del tramo carretero Armería-Manzanillo.
A iniciativa del Diputado Nabor Ochoa López, la Legislatura consideró
necesaria una investigación y la instauración de procedimientos de
responsabilidad a cada uno de los secretarios de Comunicaciones y
Transportes que expidieron las ampliaciones a la vigencia del título
original de concesión.
Todos los titilares de la SCT, desde 1990 hasta 2011, otorgaron las
prórrogas al título de concesión irregularmente, por lo que “es obvio
que incurrieron en responsabilidad al realizar conductas indebidas en
perjuicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio
pueblo de Colima”.
En ese sentido, por unanimidad el Congreso del Estado pidió a la ASF
investigue la actuación de quienes fueron titulares de la SCT desde el
año 1990 hasta 2018 y tome en consideración una denuncia de hechos
presentada ante ese órgano fiscalizador por las irregularidades
administrativas.
El exhorto es para que se instauren procedimientos de responsabilidad a
Andrés Caso Lombardo, quien en enero de 1990 era titular de la SCT y en
esa fecha se otorgó la concesión a la persona moral denominada
“Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V.”
Siendo Caso Lombardo secretario de Comunicaciones y Transportes, esa
dependencia celebró un adéndum al contrato de concesión, ampliando al
plazo de vigencia de la concesión otorgada por un lapso de 14 años
contados a partir del 09 de noviembre de 1990.
El 31 de mayo de 1994, la SCT, por conducto de su titular Emilio Gamboa
Patrón, autorizó una segunda ampliación por un término de 24 años 7
meses, a partir del 9 de noviembre de 1990.
Para el 3 de febrero de 2006 se otorgó otra modificación al título de
concesión, mediante el cual Pedro Cerisola y Weber, como titular de la
SCT, autorizó una ampliación del plazo de vigencia de la concesión por
un término de 30 años, contados a partir del día 09 de noviembre de
1990.
El 19 de noviembre de 2010 se celebró una modificación más al título de
concesión, mediante el cual la SCT, por conducto de su titular Juan
Francisco Molinar Horcasitas, reconoció que a la concesionaria le
faltaban por recuperar la mil 730 millones 641 mil 884 pesos, así como
un cargo adicional por la cantidad de 400 millones de pesos.
Esos 400 millones de pesos se desprenden de que el 15 de marzo de 1990
la SCT otorgó a Autopistas Concesionadas del Altiplano (AUCAL), la
concesión para construir, explotar y conservar el subtramo de 22
kilómetros de San Martín Texmelucan-Tlaxcala.
Esa concesión presentó problemas que afectaron su desarrollo normal, por
lo que la SCT resolvió retirar los derechos a AUCAL y los cedió a la
misma concesionaria que tiene los derechos en la caseta de Cuyutlán.
Por esos derechos la operadora de Cuyutlán entregó a AUCAL un monto de
mil millones de pesos como contraprestación por las referidas cesiones.
Aunque Molinar Horcasitas falleció el 20 de mayo de 2015, el Congreso
consideró que debe investigarse a quien o a quienes resulten
responsables de las irregularidades administrativas en las que hubieran
incurrido funcionarios de la SCT cuando él estuvo al frente de la
dependencia.
El 25 de febrero de 2011, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione,
titular de la SCT, le otorgó el derecho de solicitar una prórroga hasta
por 30 años más al concesionario de la caseta de Cuyutlán, para que el
periodo de la concesión feneciera hasta el 9 de febrero de 2050.
En cuanto al actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se pide a
la ASF instaure el procedimiento de responsabilidad, pues no obstante
las irregularidades administrativas en el otorgamiento de las
ampliaciones de la concesión, no ha procedido a declarar su nulidad,
solapando ilicitudes contra el pueblo de Colima.