=Para que exponga la fase y el escenario que tienen las investigaciones de las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en el Estado de Colima, derivado de las auditorías realizadas al presupuesto del 2017.
Alfredo Quiles Cabrera
El próximo 4 de septiembre, a partir de las 12 del día, deberá de comparecer ante el Congreso del Estado la titular de la Contraloría General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, con la finalidad de informar al Poder Legislativo en qué fase y el escenario que tienen las investigaciones de las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en el Estado de Colima, derivado de las auditorías realizadas al presupuesto del 2017.
A iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN en la Legislatura Local, presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, se convocó a la funcionaria estatal para que explique los señalamientos que hizo la ASF.
Entre los señalamientos de la ASF puntos que deberá de explicar la funcionaria se encuentran como los siguientes: servidores públicos no administraron las cuentas bancarias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 (FASSA) de manera específica en virtud de que se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias no acreditadas. Dicho Fondo fue de más de mil millones de pesos.
Servidores públicos no presentaron la documentación que permitiera analizar el proceso de adjudicación de contratos, garantías, plazos de entrega ni resguardos correspondientes a las adquisiciones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 (FAFEF). Este fondo contaba con más de 200 millones de pesos.
Servidores públicos que en su gestión adjudicaron directamente contratos de prestación de servicios sin disponer de la justificación y soporte suficiente que acredita la excepción a la licitación.
El no ejercicio de la totalidad de los recursos del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios programados.
También mencionó que, en total, para la Cuenta Pública del año 2017, la Auditoría Superior de la Federación presume un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por parte de servidores públicos del Estado de Colima, por un monto que sobrepasa los 500 millones de pesos, por destinar recursos a partidas completamente distintas a las que habían sido etiquetadas por el Gobierno Federal.
Martha Sosa indicó que el pasado 8 de agosto el Pleno de este Poder Legislativo, aprobó un punto de acuerdo donde se exhorta a la Contraloría General del Estado, con la finalidad de que informara el estado que guardan las investigaciones a las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo la legisladora consideró que la respuesta que apareció en la síntesis de comunicaciones era lacónica e insuficiente, por lo que se requería de una reunión de trabajo para ampliar la información.
Es por ello que el pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, citar el próximo 4 de septiembre a la Contralora General Águeda Catalina Solano Pérez, a una reunión de trabajo con la finalidad de que informe la situación que guardan en la actualidad las investigaciones y los procedimientos administrativos comenzados y/o concluidos, derivados de lo mandatado por la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con las presuntas irregularidades encontradas en la revisión de la Cuenta Pública 2017.