*Con armas de fuego en casa, aumenta riesgo de muertes de mujeres
Como medida de protección preventiva para quien recibe violencia familiar, el Congreso del Estado reformó la Ley en esa materia para que, además de la ya prevista retención de armas propiedad del generador de la agresión, a éste se le suspenda el derecho a portarlas.
Aprobada en votación unánime, la reforma a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, señala que los jueces familiares, civiles, mixtos y penales correspondientes, deberán solicitar a la Secretaria de la Defensa Nacional o a la de Gobernación, la suspensión del derecho de portación de armas del sujeto agresor.
Iniciada por la Diputada Juana Andrés Rivera, la reforma busca que personas que han acreditado un peligro para sus propias familias y para la sociedad, derivado del permiso para el uso de armas puedan volver a repetir situaciones delictivas o generar episodios de riesgo.
Cuando presentó la iniciativa, Andrés Rivera citó a Ilona Szabó, brasileña especialista en seguridad pública, que asegura que la presencia de un arma de fuego en casa aumenta en 272 por ciento el riesgo de que una mujer sea asesinada como consecuencia de violencia familiar.
Mencionó también un estudio del Equipo Especial de Oregón sobre Armas de Fuego y Violencia Domestica, el cual determinó que el acceso que tiene una pareja del núcleo familiar a las armas de fuego, es un factor de riesgo significativo en las muertes a causa de la violencia domestica.
“Las armas de fuego tienen 12 veces más probabilidad de resultar en una muerte que en las agresiones con otras armas o con fuerza corporal”, dice el estudio del Equipo Especial de Oregón sobre Armas de Fuego y Violencia Domestica citado por Juana Andrés.
Ante ello, la legisladora por el municipio de Comala estimó que la disponibilidad de armas es uno de los factores principales que contribuyen a la prevalencia de la violencia letal en los casos de violencia familiar.
La Comisión que dictaminó favorablemente la iniciativa, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideró necesario reconocer que la portación de armas de fuego en México se ha expandido y que su impacto no sólo afecta a personas dedicadas a la delincuencia organizada, sino también a aumentar la violencia intrafamiliar.
“Necesitamos evitar que las armas lleguen a manos de quienes tienen más probabilidad de usarlas de forma equivocada”, señala el dictamen.