Los ayuntamientos del Estado de Colima podrán ofrecer el servicio de alumbrado público mediante la concesión o a través de asociaciones público-privadas, según lo establece una reforma los artículos 87 y 95 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
La reforma, aprobada en votación unánime por el Congreso del Estado, quitó al servicio de alumbrado público que prestan los ayuntamientos, entre los que no podían ser sujetos de concesión a particulares.
Propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, la modificación legal permitirá a los municipios acceder a mecanismos de inversión para lograr la reconversión de todo el parque lumínico con el que cuentan en su territorio.
Con esta reforma los municipios podrán adquirir tecnología de punta, que por un lado registre la eficiencia energética que exigen las leyes ambientales y por otro lado la modernidad de la infraestructura pública, traduciéndose en la mejora de la calidad de vida de los colimenses, dice el dictamen elaborado conjuntamente por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas.
Leído por Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el dictamen considera que un ámbito que se beneficiará sumamente por la posibilidad que otorga la legislación estatal de generar relaciones entre el sector público y privado, es el del alumbrado público.
Expuso que el alumbrado público es un eje central de la seguridad pública, ya que tener las calles iluminadas representa ante los ciudadanos una percepción de orden y seguridad, por lo que la apuesta de las entidades públicas debe ir encaminada a impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan una cobertura total de ese servicio, aunado a nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, que generen un bajo consumo de energía y propicien ahorros a las arcas públicas.
En ese sentido, consideró pertinente impulsar el perfeccionamiento del esquema normativo de alumbrado público con el cambio a la Ley del Municipio Libre del Estado, que permitirá promover nuevas y más inversiones para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos mediante los mecanismos de colaboración o participación con la iniciativa privada.