Vaya semana la que acaba de transcurrir en el Congreso del Estado, yo no sé de quién fue la ocurrencia de encimar todo el trabajo en apenas tres días, en donde no solo se realizó la calificación de 22 cuentas públicas, sino que además se aprobaron once leyes de ingresos (diez municipales y la estatal), el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, reformas y adiciones a la Ley Fiscal del Estado, así como el dictamen de modificación de los impuestos de transmisión patrimonial, además se leyó el dictamen que contenía los resultados de la auditoría practicada al SEFIDEC y se aprobó autorizar al Ejecutivo del Estado a refinanciar dos créditos.
Antes de que se iniciara con la aprobación de este cúmulo de dictámenes, esa misma semana se desarrolló la comparecencia-reunión de trabajo del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Carlos Arturo Noriega García, a fin de aclarar las dudas que tenían los diputados respecto al proyecto de presupuesto que sería puesto a consideración del pleno a fin de tratar de hacer algunas modificaciones en situaciones que a cada legislador le interesaba y que finalmente no sufrió mayores modificaciones.
Pero por si fuera poco, no sé si fue por iniciativa de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales o del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el caso es que en la misma semana, que además hay que decirlo era la última del mes de noviembre, y en consecuencia eran los plazos fatales para aprobar las cuentas públicas, y todo el paquete financiero, programaron las mesas de trabajo para iniciar con la discusión y análisis de la iniciativa de ley de pensiones enviada por el Ejecutivo del Estado, la cual se desarrolló durante los días miércoles, jueves y viernes.
Ese análisis de la iniciativa de Ley de Pensiones bien se pudo haber programado esta semana en la que prácticamente no habrá trabajo, que aunque sí habrá sesión, disminuirá en mucho, comparado con el de la semana anterior, pero al parecer trataron de que una cosa “tapara” a la otra y al final no se analizara como debiera, a pesar de la trascendencia por un lado de la calificación de las cuentas públicas y la aprobación del paquete financiero y por el otro la discusión y análisis de la ley de pensiones del estado.
De las 22 cuentas públicas que fueron aprobadas por la mayoría de diputados del Congreso del Estado, 20 de ellas tuvieron observaciones y fueron señalados como presuntos responsables infinidad de funcionarios y ex funcionarios públicos, en algunos casos de manera exagerada ya que un mismo sujeto fue señalado hasta más de 10 y algún caso hasta en 20 ocasiones fueron mencionados como responsables y se propuso fincarles algún tipo de responsabilidad.
Únicamente las cuentas públicas del Poder Legislativo y la del Poder Judicial salieron “limpias”, en las restantes todas, sin excepción tuvieron observaciones y en consecuencias propuestas de sanción, las cuales una vez que fueron aprobadas por la mayoría de los diputados, pasarán a la Comisión de Responsabilidades para que sea la encargada de ratificar o modificar las propuestas de sanción, dependiendo si los presuntos señalados aclaran o no los señalamientos que se les imputan.
Las presiones…
Pero dentro de todo ese maremágnum, lo que causó sorpresa fue el anuncio de la renuncia que presentó al cargo de Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, pero ¿qué pasó?…
Si bien hasta ahorita es muy poco lo que de manera oficial se sabe, de manera extraoficial se han manejado las que pudieran ser las verdaderas causas que motivaron su salida del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) y no “los motivos personales” que adujo.
El anuncio de que había entregado su renuncia, que empezará a surtir efectos a partir del próximo 15 de diciembre, ocurrió el jueves 30 de noviembre, y se hizo a través de un comunicado de prensa enviado por el I.S.C. Héctor Eduardo Camberos Arévalo. Titular de la Unidad de Tecnologías de Información y Titular de la Unidad de Transparencia de OSAFIG.
Ignoro por qué causas la renuncia fue dada a conocer de esta persona, y no por el propio despacho del Auditor Superior del Estado.
O bien porque no fue el propio Congreso del Estado quien informó del hecho, puesto que la renuncia, según el boletín de prensa se había entregado el día 29 de noviembre al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.
En el comunicado enviado a los representantes de los distintos medios de comunicación, destacan que obedece “…estrictamente a motivos personales”.
Carlos Armando Zamora González, había sido electo como Auditor Superior del Estado para el periodo 2015-2022, por parte de los diputados integrantes de la Quincuagésimo Séptima Legislatura mediante Acuerdo número 50 aprobado en votación unánime el 28 de agosto de 2015 y que le confirió la titularidad del OSAFIG, rindiendo la protesta de ley el 31 de agosto del año 2015.
La llegada de Carlos Armando Zamora González se dio en medio de una situación convulsionada, cuando más cuestionada se encontraba la anterior administración estatal encabezada por Mario Anguiano Moreno, y de los primeros asuntos que le “cayeron” como Auditor Superior del Estado, fue la solicitud de investigación de las obras realizadas por la anterior administración y que se habían pagado con dos créditos contratados a corto plazo, pero que dichas obras no aparecían, –y siguen sin aparecer–, por ningún lado.
Dice el boletín que se envió, que el Auditor Superior del Estado, presentó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado su renuncia irrevocable como titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
Para los que lo han olvidado, el aún Auditor Superior del Estado, fue el primero en presentar denuncias penales en contra de un ex gobernador del Estado (Mario Anguiano Moreno), las cuales siguen se resolverse por parte de la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Precisamente esa es una de las causas que más llaman la atención del por qué la renuncia de Carlos Armando Zamora González, pues ha sido el funcionario que más ha sido requerido por las Procuradurías, para ampliar las denuncias, así como para aportar pruebas, en consecuencia con su separación ya sabrá usted quien es quien sale ganando.
El Auditor Superior del Estado, es el único que conoce realmente el avance que llevan dichas denuncias, pero no solo en contra del ex gobernador Mario Anguiano, sino también en contra de más de dos docenas de ex servidores públicos señalados en diversas denuncias penales, las cuales han abarcado a otros servidores y ex servidores públicos de las distintas áreas.
Uno contra todos y todos contra uno…
Ahora ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Vaya usted a saber, por un lado el Auditor Superior del Estado recibió muchas presiones de parte de los distintos grupos parlamentarios de la Quincuagésimo Octava Legislatura, que porqué había calificado de una manera una cuenta, que por qué a otros no los sancionó igual, que por qué….
Fueron muchos por qué, lo agarraron de “tírale al negro y el negro a nadie le tira”… los diputados lo citaban, le encargaban auditorías excepcionales a cada rato, lo volvían a citar y por más explicaciones y aclaraciones que daba y que parecía que quedaban satisfechos, otras vez volvían a la carga.
Lo que pudo haberle colmado el plato fue que apenas el martes 21 de noviembre, fue citado para que volviera a explicar lo relacionado al informe de resultados de la Auditoría a los Ejercicios 2013, 2014 y 2015 al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, (SEFIDEC), y ahí les dijo de manera muy clara que había interpuesto otra denuncia penal en contra de al menos diez personas y dos empresas, cosa que ocurrió el 25 de septiembre y ratificada el mismo día ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Bueno pues ese dictamen se leyó el pasado martes 28 en la sesión ordinaria efectuada ese día, fue el primero del orden del día, y el contenido del mismo asustó a los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se suponía que ya estaba consensuado, que ya les habían quedado aclaradas las dudas, sin embargo, dicen las malas lenguas, que un ex funcionario muy influyente en el pasado reciente, les pidió, al menos a un diputado panista, frenara primero la discusión y aprobación del documento, segundo, que al regresarlo a comisiones “para seguirlo discutiendo”, borraran los nombres de algunos ex funcionarios y familiares que aparecen como presuntos imputados de irregularidades cometidas y que al parecer son parte de la denuncia que interpuso Carlos Armando Zamora González.
Si usted busca ese dictamen que quedó leído como en primera lectura y que sería discutido nuevamente por las dudas que tenían los panistas, fue el diputado Crispín Guerra Cárdenas, quien pidió fuera retirado y a pesar de que hubo dos sesiones posteriores a donde fue retirado de la discusión el relativo al informe de la Auditoría a SEFIDEC, lo mandaron a la congeladora.
Se rumora que hubo la intromisión de un connotado panista (que no es parte de la legislatura local), para frenar la aprobación de ese dictamen, y al parecer fue la gota que derramó el vaso, y por eso decidió el Auditor Superior del Estado, recoger sus canicas y dejarles “el changarro” para que hagan y deshagan a su antojo.
¿A quién se buscó proteger?, vaya usted a saber, porque la denuncia penal que interpuso el Auditor Superior del Estado, fue en contra de al menos diez personas que laboraban en SEFIDEC y otras áreas del Gobierno estatal y dos empresas, entre ellas NPG Latam, empresa fabricante de televisores que se iba a instalar en Tecomán.
Zamora González en su documento de renuncia expresó su gratitud y respeto a los diputados de la anterior y actual Legislatura Local, “en quienes reconozco la confianza depositada en mi persona para nombrarme y trabajar de manera conjunta, respectivamente, en las tareas de control, revisión y fiscalización gubernamental de los recursos públicos de la entidad”.
Y a pesar de que había sido electo por 7 años, con opción a poder ser reelecto por una ocasión más, decide cortar por lo sano e irse, no sin antes restregarles a los diputados que “durante el tiempo en el ejercicio de esta alta responsabilidad en la entidad, mi desempeño al frente del OSAFIG ha sido apegado a la objetividad y a la legalidad”.
En los poco más de dos años y escasos tres meses de haber asumido su responsabilidad como Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora dejó acreditado su trabajo en los diversos procesos de evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas presentadas por los poderes del Estado, ayuntamientos y organismos descentralizados, así como auditorias especiales como la Revisión de Situación Excepcional relativo a la contratación del Empréstito por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima del Ejercicio Fiscal 2015.
Asimismo en la Revisión Excepcional del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente a los años 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, la Revisión de la Gestión Pública del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, SEFIDEC, de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, entre otras importantes tareas a cargo de la institución.
La separación del Auditor Superior del Estado, hará que muchos vuelvan a dormir tranquilos, eso para la mala fortuna de los colimenses y que todo un trabajo que se venía haciendo se vaya por la borda.
Para cerrar…
** En otra entrega abundaré de lo que ocurrió en las mesas de análisis de la Iniciativa de Ley de Pensiones del Estado, por ahorita solo le comentaré que las distintas organizaciones como son la Federación de Trabajadores, que encabeza Audelino Flores Jurado; el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que encabeza Martín Flores; el comité de la sección 39 del SNTE, que dirige Heriberto Valladares; y la Unión de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, dejaron muy claro que este proyecto de ley es inconstitucional y lesivo para los trabajadores.
El viernes el Gobierno del Estado trató de responder la vapuleada que le habían acomodado los dos días anteriores y respondió enviando a participar a las mesas de trabajo a todos los organismos oficialistas que nunca le van a jugar las contras al gobierno-
Ahí estuvieron la propia Secretaría de Administración y Gestión Pública, por conducto de su titular Kristian Meiners Tovar; el Actuario que elaboró esta iniciativa de Ley, Francisco Aguirre Farías (ni modo que ellos digan que la iniciativa está mal); Sabino Hermilo Flores Arias y Francisco Arreola Medina, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Mara Íñiguez Méndez, de Canaco; Aarón Cortés Navares, de Coparmex; José Zarco Quintero, de ¿Cómo Vamos? Colima; Sergio Ochoa Rodríguez, de Canirac.
La ex directora del DIF estatal, Mayrén Polanco Gaytán, por el Colegio de Economistas; Gilberto García Nava, asesor jurídico de la bancada del PRI en el Congreso; Alejandro Camarena Berra, del Colegio de Contadores; Oswy Delgado Rodríguez, por la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Colima; y Enrique Vázquez González, del Instituto Tecnológico de Colima, todos hablaron bonito del documento, todo lo contrario de como los trabajadores sindicalizados interpretaron el proyecto.
De todos los que acudieron a participar en la mesa de y trabajo del pasado viernes, el único que se salvó de la quema fue el síndico del Ayuntamiento de Colima, Francisco Rodríguez, quien le dio tal zarandeada a la iniciativa, que al final el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Héctor Magaña Lara, dijo que no sabía si iba a tomar en cuenta lo dicho por el síndico, pues como representante del Ayuntamiento de Colima, era algo muy distinto a lo que se supone está apoyando el alcalde Héctor Insúa que es la iniciativa enviada por el Ejecutivo “y el síndico vino a decir todo lo contrario”, señaló Magaña.
Ya habrá tiempo de comentar lo afirmado por Paco Rodríguez, Teresa Ramírez, lideresa de los trabajadores del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Audelino Flores Jurado y Héctor Arturo León, pero se puso bueno el asunto.
**Diputado confundido.-
El próximo jueves 7, el diputado priísta Héctor Magaña Lara, rendirá su segundo informe de labores y gestión legislativa, para lo cual está organizando un evento a desarrollar en la colonia Villa Izcalli, en el municipio de Villa de Álvarez, evento que se efectuará a las 19:00 horas.
Para tal efecto envió un oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, invocando la legislación y el reglamento en el cual está basando su oficio, sin embargo, donde le falló al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es cuando cita que esta petición la basa en el artículo 83 fracción XX de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
Resulta que el artículo invocado de los estatutos del PRI corresponde a las atribuciones del Consejo Político Nacional y no le rigen a Magaña Lara, pues él no es legislador federal, como para citar mediante ese precepto legal al Consejo Político Nacional del tricolor.
A él le corresponde en todo caso como diputado local invitar a su informe de labores al Consejo Político Estatal y a los priístas del municipio, no “…a los ciudadanos de esta entidad federativa…”, como lo plasma en su oficio ya que la invitación en su caso debe ir dirigida a los ciudadanos de Villa de Álvarez.
Al diputado Magaña, se le olvidó turnar copia al Consejo Municipal Electoral de Villa de Álvarez, que es quien debe estar enterado para efectos de la propaganda que vaya a manejar el legislador priísta villalvarense.
A lo mejor el exceso de trabajo por el análisis de la Iniciativa de Ley de Pensiones, trae mareado al diputado Magaña, quien de plano se despistó en la redacción de su oficio cuando en el último párrafo señala que “…Cabe mencionar que dicho informe se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado por el arábigo 83 fracción XX del Código Electoral para el Estado de Colima”.
Solo que le pasó de noche que el artículo y fracción que está invocando fue derogado mediante decreto 320 y publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, con fecha 29 de junio del presente 2017, en esta misma Legislatura y que fue la Comisión que él preside la que elaboró ese dictamen.
No es la primera vez que los abogados que lo apoyan lo llevan al baile, hay que recordar, por ejemplo, que de un plumazo borraron el segundo párrafo del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y que con esta acción, que por cierto no han corregido, desaparecieron la figura de plebiscito en los municipios.
Pero por hoy hasta aquí le paramos, ya “Desde la Curul 26”, le estaré dando a conocer lo que ocurra en el Congreso, adelantándole que este miércoles habrá sesión ordinaria, y decirle que esta semana pudiera haber otra reunión de análisis de la iniciativa de Ley de Pensiones, para lo cual estaré pendiente… hasta la próxima.