Al participar en la mesa de análisis de propuestas para afinar la iniciativa sobre la Ley de Pensiones presentada al Congreso Local por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el líder de la burocracia estatal, Martín Flores Castañeda, afirmó que existen “coincidencias y divergencias” en diversos puntos de dicha iniciativa, más sin embargo reconoció “la necesidad de generar la Reforma Estructural al Sistema de Jubilaciones y Pensiones garantizando la viabilidad financiera de las presentes y futuras generaciones”.
El dirigente sindical considero algunos puntos de la ley “anticonstitucionales”, pues se atenta contra derechos de los trabajadores.
Estas reuniones con las diversas federaciones y sindicatos de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Ayuntamientos fueron convocadas por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara.
Estas reuniones, que iniciaron este miércoles y concluirán el 1 de diciembre, tiene n por objetivo analizar las diversas propuestas que se presenten para afinar la iniciativa sobre la Ley de Pensiones en la entidad.
Los resultados de estas reuniones serán analizados al interior de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales con responsabilidad, buscando tres aspectos básicos: el beneficio de la sociedad colimense, garantizar a los trabajadores una pensión o jubilación segura y garantizar la sostenibilidad económica para el Estado y evitar un colapso financiero, dijo Héctor Magaña.
Aseguró que la Ley de Pensiones no pretende perjudicar a los trabajadores ni eliminar los derechos o conculcar las conquistas laborales obtenidas a través de los años.
A esta mesa de trabajo asistieron cientos de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, encabezados por el Comité Ejecutivo del Sindicato encabezados por Martín Flores Castañeda, quienes colmaron las graderías del Salón de Plenos del Congreso.
El dirigente sindical hizo entrega a cada uno de los legisladores presentes, principalmente, a Julia Jiménez (PAN), Joel Padilla Peña (PT y presidente de la Mesa Directiva del Congreso) y al propio Héctor Magaña Lara, las propuestas de Reforma de la Ley de Pensiones que hacen los trabajadores, en base a un análisis, conclusiones y propuestas respecto de la Iniciativa que como Proyecto de Decreto de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado presenta por el Gobernador.
De entrada, Flores Castañeda afirmó que “hasta antes de la presentación de esta iniciativa de Ley no fue consultada a esta organización sindical, lo que transgrede el artículo 7 del convenio sobre la relación de trabajo en la administración pública firmado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
El líder sindical demandó que al momento de analizar y aprobar dicha Ley, los legisladores se sujeten a los principios de certeza y seguridad jurídica, equidad, objetividad, proporcionalidad, subsidiariedad, justicia social y respeto a los derechos humanos de la clase trabajadora del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
Martín Flores, en su exposición de motivos, dijo que los burócratas estatales “coincidimos en la necesidad de generar la Reforma Estructural al Sistema de Jubilaciones y Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima garantizando la viabilidad financiera de las presentes y futuras generaciones”.
Asimismo, demandó trasparencia y cuentas claras del manejo económico de los recursos que han aportado los trabajadores a lo largo de los años a la Dirección de Pensiones.
Dijo que desde el año de 1963 no fue atendida por las Entidades Públicas y jamás cumplieron con el 5% del salario del trabajador como aportación al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en cambio de manera inicial cubrieron sólo el 1% y desde el año de 1998 “se dejó de cubrir también este porcentaje, por lo que desde hace 19 años el Gobierno del Estado no ha generado aportación alguna al Fondo de Jubilaciones y Pensiones”.
Asentó que los trabajadores “coincidimos en la necesidad de transformar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones y crear una nueva figura jurídica que es el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado con un nuevo andamiaje legal acorde a las necesidades actuales.
“Sin embargo, esto sólo podrá realizarse si se garantizan los principios de certeza jurídica, seguridad jurídica, equidad, objetividad, proporcionalidad, subsidiariedad, justicia social y respeto a los derechos humanos de la clase trabajadora”.
Apuntó que “actualmente existen serias dudas del manejo honesto y eficiente de estos recursos y aún más existe el reconocimiento público del adeudo que tienen todas las entidades públicas que actualmente aportan a esa Institución, concretamente se dejaron de cubrir las retenciones por aportaciones de los trabajadores, la amortización de los créditos a corto plazo e hipotecarios y la aportación del patrón”.
Derivado de ello, señaló que el Sindicato que preside planteó la necesidad de realizar una auditoría extraordinaria a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por conducto de la OSAFIG respecto a los ejercicios fiscales de los años 1998 a la fecha, “planteamiento que fue atendido por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez”.
Si bien reconoció que dicho informe del Osafig aún no lo tiene en su poder el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, si es necesario e indispensable contar con este instrumento de fiscalización que “permita arribar a la conclusión ciertas del origen y destino de los recursos que los trabajadores depositaron en esta Institución”.
Sin embargo, adelantó que “se cuenta con informes preliminares que a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado se le adeudan más Mil millones de pesos por parte de las Entidades públicas”.
Asimismo, advirtió que la iniciativa de Peralta Sánchez “resulta inconstitucional” en la pretensión de que el nuevo instituto cubra el pago de los actuales Jubilados y Pensionados. “Por ningún motivo renunciaremos a este derecho adquirido ni aceptaremos que el Gobierno y los Ayuntamientos trasladen esta obligación al nuevo instituto”.
Propuso se instalen las mesas financiera y de normatividad en las que se analice con bases sólidas el contenido de la iniciativa y las propuestas de modificación que de manera responsable, objetiva y sustentada presenta el Sindicato. “Nuestra voluntad está puesta en la mesa: ustedes tienen la palabra”.