Regular la publicidad oficial en Colima
Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda*
Cuando el pasado 19 de agosto, algunos de los integrantes de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP) buscamos que se hiciera un pronunciamiento a nombre de la organización exigiendo la emisión de lineamientos para la contratación de publicidad oficial, por parte del Gobierno del Estado, la mayoría de los comisionados estuvo en contra.
En ese momento, la discusión era prudente porque el Congreso del Estado había aprobado, apenas unas semanas atrás, un exhorto dirigido al secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, para que diera cumplimiento a la conformación del protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial.
Esto, cuatro meses después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió una recomendación acerca de este tema, como resultado de la queja presentada por el portal Avanzada “por considerar que el Gobierno Estatal violentaba diversos derechos (…) haciendo uso de la publicidad oficial como instrumento de presión y amenaza hacia los periodistas y medios de comunicación de la entidad”.
Varios de los comisionados, durante su argumentación, señalaron que era imposible pensar que las autoridades tuvieran que otorgar publicidad a todos los medios, además consideraron que el hecho de que la COPIP se pronunciará sería beneficiar a empresas particulares.
Ahora, que el pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico al amparar a la organización Artículo 19 en contra de la omisión del Congreso de la Unión para normar la compra de espacios publicitarios por parte de los gobiernos en los medios de información, es justo reiterar algunas de las ideas que expresé en aquella sesión.
Me queda claro que el Gobierno tiene la libertad de contratar servicios de publicidad con las empresas que decida –es un argumento simplista pensar que debería adquirir publicidad en todos los medios–, pero soy un firme creyente de que quienes aspiren a prestar los servicios de marketing a los Gobiernos deben tener las reglas claras y piso parejo; conocer cuáles son los criterios de otorgamiento, evitará que los recursos destinados para la compra de publicidad oficial sean usados con fines de censura o incidencia en la línea editorial de los medios.
No se me malinterprete: estoy convencido de que las empresas periodísticas deben de buscar esquemas de financiamiento más allá de la esperanza de la obtención de convenios con Ayuntamientos, el Gobierno del Estado y la Universidad de Colima, pero siendo realistas, en este momento, la publicidad oficial es la principal fuente de ingreso de todos los medios de comunicación, entonces, ¿a qué tanta independencia editorial pueden aspirar?
Considero que la participación de la COPIP para sumarse a la exigencia de que el Gobierno del Estado –y lógicamente todos los entes que reciban recursos públicos y realicen la contratación de espacios publicitarios, incluida la UdeC– hagan públicos sus criterios de selección de proveedores, permea en la defensa de los periodistas, en el entendido de que una prensa más libre tiene como consecuencia mejores condiciones para que los trabajadores ejerzan su trabajo.
Algunos de los criterios para que las empresas periodísticas puedan ser tomadas en cuenta para el otorgamiento de publicidad oficial deberían ser: cumplir con sus obligaciones ante la Secretaría Hacienda, otorgar todas las prestaciones laborales a sus trabajadores, y que en cada nueva contratación se incluyera la Clausula de conciencia, ya legislada en la Ley de Protección Integral para el Ejercicio Periodístico del Estado de Colima.
Investigaciones, como la plasmada por Pedro Zamora en su libro Periodismo bajo censura, muestran a detalle el uso arbitrario de la publicidad oficial, y aunque me es imposible extender más mi argumentación en una columna, organizaciones internacionales coinciden en que es un mecanismo de censura sutil, que debe ser legislado. Hago votos para que Colima, a la brevedad, hagan lo propio.
Punto y aparte
Enhorabuena para todos los involucrados en la realización del Primer Festival Internacional del Xolo, un evento que contribuye al reconocimiento de nuestra identidad como colimenses.
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