Argumentó de que el 4 de octubre concluyó el periodo de tres años por el cual fue electo.
Enfrenta proceso de expulsión de las filas del PRD, junto con Indira Vizcaíno.
Previendo su posible “suspensión” a sus derechos como militante y ante la probabilidad de ser expulsado del PRD, Carlos Sotelo García renunció desde el pasado 3 de octubre a su cargo como secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del CEN del PRD, bajo el argumento de que el 4 de octubre concluyó el periodo de tres años por el cual fue electo.
“He decidido comunicar mi separación del CEN y del Consejo Nacional por conclusión del periodo para el cual fui electo, y evitar con ello el prorrogar el mandato de manera indebida e ilegal e incumplir con los principios democráticos que los Integrantes de los órganos del partido y aliados estamos obligados a cumplir y hacerlos cumplir”, indicó en sus redes sociales.
Sin embargo, Sotelo García “no renunció su militancia perredista”.
“El próximo 4 de octubre concluyó el periodo para el cual fui electo, en la sesión constitutiva del Consejo Nacional, al actual Comité Ejecutivo Nacional del PRD, al igual que el resto de sus 24 Integrantes. Es un periodo improrrogable de acuerdo con el Estatuto”, explicó.
El pasado jueves, la Comisión Jurisdiccional del CEN del PRD suspendió a Carlos Sotelo García e Indira Vizcaíno Silva en “sus derechos como militantes” del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El ex Senador de la República, ex secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del CEN del PRD y líder del Movimiento Militantes de Izquierdas (MiZ) del PRD, e Indira Vizcaíno Silva, ex diputada federal, ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la administración estatal del priista José Ignacio Peralta Sánchez, tendrán cinco días para comparecer y defenderse “antes de ser expulsados en definitiva”.
La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD suspendió por 30 días los derechos partidarios de siete perredistas que han apoyado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.
Los sancionados tienen cinco días hábiles, a partir de la notificación sobre esta determinación, de carácter provisional, para comparecer ante la instancia perredista y aportar pruebas sobre las imputaciones en su contra.
El proceso inició con la solicitud que hace unos días hizo el Comité Ejecutivo Nacional del PRD a la Comisión Jurisdiccional para que actuara contra los siete perredistas, quienes firmaron el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, convocado por López Obrador y en algunos casos expresaron que lo apoyarían si es candidato presidencial.
La suspensión de 30 días, firmada por Claudia López, Mauricio Calcáneo y Fidelmar Flores –quienes se ostentaron en los resolutivos correspondientes como mandatarios legales del CEN del PRD– es una medida provisional mientras se da el proceso definitivo contra los imputados, y que puede derivar en su expulsión del partido.