La norma los considera personas con alta situación de riesgo.
En votación unánime, el Congreso del Estado reformó la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, para considerar a los periodistas como grupo en franca vulnerabilidad y con necesidades de protección especiales o diferenciadas.
Con la reforma a los artículos 24 y 41 de esa Ley, además de homologarse con la Ley General de Víctimas, se obliga a las autoridades estatales y municipales, a prever acciones tendientes a la protección de los derechos humanos de los periodistas.
Héctor Magaña Lara, autor de la reforma y presidente de la comisión dictaminadora, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, indicó que este nuevo instrumento legal dota de medios a los periodistas para ejercer sus derechos y obliga a las autoridades a la formulación de políticas públicas para entender a ese gremio como grupo vulnerable y en constante riesgo por ejercer su profesión.
El legislador por el municipio de Villa de Álvarez consideró desalentador que en un estado democrático al que se aspira, de manera cotidiana se ataque a quienes mantienen informada a la sociedad.
“El periodismo en México e incluso en el mundo, históricamente ha sido objeto de persecución. Hay quienes, por mantener a raya a los periodistas, han usado el poder que tienen a su disposición para censurarlos, para atacarlos e incluso, como lo hemos visto, para privarlos de su vida”, indicó.
Dijo que ejercer el periodismo de una manera plena resulta por demás peligroso y, por ende, “si queremos vivir en una verdadera sociedad democrática donde la transparencia de nuestras acciones impere, debemos de proteger a aquellos que tienen vulnerabilidad para ejercer su profesión”.
Ante ello, estimó necesario que a los periodistas se les considere un grupo con riesgos evidentes, para el que el Estado debe formular políticas públicas tendientes a su protección.
Hasta antes de la reforma, la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima consideraba a los periodistas como un grupo expuesto a un mayor riesgo de violación de sus derechos, reconocimiento insuficiente para proveerle de la protección necesaria para llevar a cabo su actividad.
La reforma prevé medidas de ayuda inmediata para los periodistas, consistentes en sistemas de protección proveídos por las autoridades, a las que además se les obliga a tratar con enfoque diferencial a los periodistas como personas con alta situación de riesgo.