Obliga Ley a la Defensoría Púbica proporcionar servicios a ese sector cuando lo necesite.
El Congreso del Estado en votación unánime aprobó que sea derecho de los adultos mayores, recibir asesoría jurídica gratuita en materia de protección a su patrimonio y a testar sin presiones ni violencia.
Para garantizar la asesoría jurídica gratuita a la que por ley ya tenían derecho los adultos mayores, la Legislatura local reformó la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, para que sea obligación de esa institución proporcionar sus servicios a los adultos en plenitud.
El dictamen a favor de la reforma, que fue leído en tribuna por su iniciador Nicolás Contreras Cortés, modificó también la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima.
Con la modificación a esa Ley, se amplía la protección a los derechos de las personas adultas mayores, tal como lo establece la norma federal en la materia, incluyendo el derecho a contar con un representante legal cuando lo considere necesario.
Contreras Cortés mencionó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del ámbito federal, establece para ese sector el derecho a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.
Esa norma federal además concede a los adultos mayores la atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.
En ese tenor, la ley estatal ofrecía a los adultos en plenitud una prerrogativa inferior en relación a la norma federal, pues la local no establecía una necesaria distinción entre los procedimientos administrativos y los judiciales y no contemplaba el derecho a la representación legal.
Nicolás Contreras consideró importante distinguir entre procedimientos administrativos y judiciales, dado que muchos servidores públicos desconocen dicha normativa especial y por ende no se materializa la protección efectiva a ese grupo vulnerable.
Finalmente, la reforma a la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, incorpora la protección amplia a los derechos de esas personas, tal como lo establece la norma federal, incluyendo el derecho a contar con un representante legal cuando lo considere necesario y, cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.