Existe el riesgo de que en Colima los programas sociales sean utilizados con fines electorales, advierte la Asociación de Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
De acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2017, dado a conocer este martes, el Estado de Colima es de las entidades con “un nivel precario de capacidades para el desarrollo social” y “donde existe el mayor riesgo de que los programas sociales sean utilizados con fines electorales”.
En cambio la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur cuentan con mecanismos adecuados para tener programas sociales con una política robusta, transparente y participativa.
En la presentación de este informe, de la Asociación de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), organización que hizo el estudio, informó que en 15 años se aumentaron en mil por ciento los recursos asignados a programas sociales.
“Más de mil 200 (programas sociales están) reflejados en el presupuesto público de cada entidad. De ellos, 25% solamente tienen Reglas de Operación, únicamente el 2% ha sido evaluado en cuanto a sus resultados”, señaló.
En 15 entidades del país (Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala) tienen precarias capacidades institucionales de políticas sociales.
En catorce, apenas llegan al mínimo necesario.
Afirmó que los resultados no son los adecuados para el presupuesto destinado a estos mecanismos y que en 2017 ascendió a 500 mil millones de pesos.
Los estados tienen, a su vez, la deficiencia de no transparentar su presupuesto, tener Reglas de Operación o identificar a la población potencialmente beneficiaria a través de ser evaluados por una instancia alterna.
En una escala de cero a 100, CdMx obtuvo la calificación más alta, con 77.5, mientras que Chiapas, con 18.2; Nayarit, con 27.1; Colima, con 35.9; Chihuahua, con 37.2, y Nuevo León, con 37.2, sacaron las más bajas.
USO ELECTORAL DE PROGRAMAS
Detalló que el índice reveló que solamente 30 por ciento de los programas registrados en el índice, de más de mil 200, están reflejados en el presupuesto público de cada entidad; de ellos, 25 por ciento tienen reglas de operación, de los cuales solo 2 por ciento han sido evaluados en sus resultados y de los que solo 5 por ciento identifica a la población potencialmente beneficiaria.
“Con esos niveles tan bajos de institucionalidad se abre la puerta para el uso discrecional de los recursos, en particular para el uso electoral y es algo que hemos visto”, aseguró.
En este sentido, la asociación alertó de que en Chiapas, Nayarit, Colima, Chihuahua y Nuevo León son las entidades “en donde más riesgo hay de que los programas sociales se usen con fines
electorales, debido a que no son transparentes y no hay claridad en sus reglas de operación y en la aplicación del presupuesto”.