- El ex alcalde Virgilio Mendoza y su cabildo se aumentan el sueldo el mismo día en que autorizan la venta del terreno para la construcción de la Subestación, recuerda el diputado
El diputado por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, acompañó a colonos de Manzanillo a interponer un amparo colectivo para pedir la protección de la justicia federal para los colonos afectados por la construcción de la Subestación de la CFE en la colonia Jardines del Valle en Santiago, Manzanillo.
La demanda de amparo interpuesta ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación es contra el Ayuntamiento de Manzanillo y la CFE por la violación colectiva a los derechos humanos, como lo son: a la vida, a la salud, a un ambiente sano y a la vivienda digna, derechos protegidos por normas internacionales y en nuestra constitución federal.
El legislador señaló a los medios de comunicación que el día en que se aprobó la venta del terreno a la constructora Los Patos por parte del Ayuntamiento, el cabildo se autorizó un incremento de 50 mil pesos mensuales para cada uno de los integrantes sin comprobación, “es totalmente ilegal la venta de este terreno a la constructora Los Patos, lo venden en dos millones y le regalan como 9 millones al cabildo, para los regidores, síndico y el Presidente municipal Virgilio Mendoza”.
Indicó que inicialmente el terreno estaba destinado a áreas verdes, después lo cambiaron a un uso de suelo denominado equipamiento institucional, prometiendo un centro de salud y finalmente terminó en contra de la salud, construyendo una subestación eléctrica. “La gente fue engañada, diciéndoles que era para otra obra y no para eso”.
Padilla Peña agregó que la autorización que da el ayuntamiento para la construcción, es ilegal, por lo que la CFE tiene que retirarse y buscar otro lugar.
“La misma autorización que da el ayuntamiento que encabeza Gaby Benavides es ilegal, este ayuntamiento de mala manera autoriza una construcción cuando no reúne los requisitos, tan es así que el mismo ayuntamiento fue a clausurar la obra”.
Manifestó que pese a que la obra está detenida, los colonos requieren la protección jurídica, por lo que se presentó la demanda de amparo para la protección de sus derechos fundamentales. “Hay estudios científicos que señalan que sí puede generar daños irreversibles a la salud, a la propia vida de las personas, al medio ambiente y el derecho a una vivienda digna que tienen todos los habitantes”.
Por su parte, Aldo Sánchez Barragán, uno de los afectados de la colonia Jardines del Valle dijo que son más de 300 familias las afectadas con la construcción de esta subestación, por lo que acuden a la autoridad competente para que les ayuden, ya que les están afectado su patrimonio.
“No se nos hace justo que vengan y nos ponga una subestación…, nos prometieron un área verde, nos prometieron un centro de salud y ahora nos salen jugando el dedo en la boca con que es una subestación”.
Finalmente recordó que son siete colonias las afectadas por esta construcción que está dentro de la colonia Jardines del Valle.
Colima, Col; 4 de agosto de 2017