*Las denuncias por violencia de género se presentaron en Oaxaca, Puebla, Colima, Tabasco, SLP, Coahuila y Nayarit; solicitan protección para 12 víctimas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que del 2015 al 30 de junio del 2017 atendió a 87 víctimas que fueron sometidas a violencia política, principalmente en los estados de Colima, Oaxaca, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit. En 18 casos se solicitó la medida cautelar de protección federal.
Esto como parte de las acciones que implementa la Fiscalía para combatir la violencia política de género a través del Ministerio Público de la Federación y su oficina de Derechos Humanos.
Agregó que también se ha realizado una evaluación de riesgo ante la Comisión Nacional de Seguridad para 12 de las víctimas con el propósito de brindar protección y asistencia psicológica de contención para las afectadas, casos en los que han considerado que existía un riesgo a su integridad.
La Fepade precisó que las 87 personas que acudieron a solicitar la atención de ese órgano especializado en delitos electorales perteneciente a la Procuraduría General de la República provienen de zonas indígenas, de la comunidad LGBT+, así como funcionarias electorales y públicas, además, de candidatas a cargos de elección popular sobre quienes fueron violentados sus derechos.
En el informe de la Fepade, su titular Santiago Nieto Castillo enfatizó su compromiso de continuar realizando acciones a favor del acceso libre a la vida política por parte de las mujeres, toda vez que es necesario que tengan igualdad al acceso a espacios públicos y políticos, así como en la toma de decisiones ante el avance democrático que se ha registrado en nuestro país.
Recordó que la Fepade ha participado en ocho reuniones de trabajo en materia de Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres a fin de intercambiar información sobre los casos de violencia política de género que se iniciaron en las diversas instancias de procuración de justicia y entidades administrativas para coadyuvar en la seguridad y protección de las víctimas.