Si el gobernador Ignacio Peralta Sánchez continúa usando los recursos públicos en beneficio de la empresa Fiesta Zafari y su Ecoparc, sus cuentas públicas serán fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, advirtió la senadora del PRD Angélica de la Peña Gómez.
En una videoconferencia que sostuvo con periodistas de Colima, la legisladora federal llamó al mandatario colimense evitar escalar el problema de la concesión del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez.
La senadora subrayó que entregar los bienes públicos como el parque y el Museo Jorge Chávez Carrillo a una empresa privada fue una decisión arbitraria y desproporcionada.
Asimismo, indicó que el erario no puede ser utilizado para pagarle el consumo de energía eléctrica, agua y el alcantarillado a esta empresa.
“Los recursos del erario no son recursos particulares de quienes gobiernan. Si (el gobernador) sigue pretendiendo sacar adelante esta concesión y usando los recursos públicos, ya veremos si tomamos las previsiones que la Constitución establece. No quisiéramos llegar al asunto de fiscalización, por eso le decimos: no trastoques este bien que pertenece a los colimenses”, indicó.
“De manera clara decimos: no escalemos este asunto que hoy es prevenible, no le conviene al gobernador. Convertir este parque público en un negocio es una mala decisión, es mala política que hay que corregir”, declaró.
Asimismo, aclaró que “no estamos en cuestionando que el gobernador pueda llevar (a Colima) los proyectos que quiera; puede construir los ecoparques que quiera pero no puede ser a costa de lo que forma parte de los bienes públicos de los colimenses”.
De la Peña refirió que actualmente los zoológicos −como el que pretenden hacer en el Ecoparc− están desapareciendo porque mantener animales en cautiverio es maltrato.
Asimismo, resaltó que desaparecer el Museo Jorge Chávez Carrillo es una decisión equivocada porque estos espacios culturales son bienes de la nación.
Por su parte, la delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, llamó al gobernador Peralta Sánchez a responder en el plazo establecido de quince días el punto de acuerdo aprobado la semana pasada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que demuestre la legalidad de la concesión.
“Decir que porque Colima es un estado soberano no tiene la obligación de atender el llamado del Congreso de la Unión es una postura autoritaria, arbitraria y deja entrever que algo esconden en esta concesión”, comentó.