- Representantes del TEPJF, INE, Fepade, ONU-Mujeres e Inmujeres se reunieron en la Ciudad de México para identificar las acciones para cumplir los objetivos, metas e indicadores de género
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ONU-Mujeres, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), llevaron a cabo el foro Igualdad de Derechos y Paridad de Género en la Agenda Internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral, con el objetivo de identificar los avances y áreas de oportunidad de las instituciones, en torno a los derechos humanos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas.
El encuentro celebrado en la Ciudad de México se enfocó en analizar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 e identificar las áreas de contribución de los órganos convocantes para el cumplimiento de algunos de los objetivos, metas e indicadores de género, así como a analizar el Noveno Informe Periódico presentado por México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con la finalidad de identificar avances y áreas de oportunidad sobre la participación en la vida política y pública de las mujeres.
Asimismo, se estudió la situación de los derechos político electorales de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, con especial atención a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, esto es niñas, jóvenes y mujeres adultas y ancianas, además de identificar los avances y áreas de oportunidad del sistema mexicano de justicia electoral en el marco del Derecho Internacional de los derechos humanos de dichas comunidades.
Se deben activar los mecanismos y políticas públicas para hacer efectiva la paridad
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, aseguró que para lograr la paridad de género se deben eliminar de manera cultural las limitaciones que prevalecen, porque ello permitirá que se activen todos los mecanismos y políticas públicas para hacer efectiva esa paridad.
Al moderar las actividades del Panel 1. México, la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible para lograr la paridad de género, Vargas Valdez subrayó que lo que se tiene que buscar es que esa igualdad se asuma, se interiorice y se genere de manera lo más natural y armoniosa posible.
“Si algún día logramos concebir ese término de vida en paridad y eso incluye, por supuesto, la centralidad que tiene la mujer en todos nuestros ámbitos de la vida social, profesional y evidentemente política e institucional, eso tendrá que convertirse en una normalidad de la sociedad, estar rodeados siempre de mujeres y poder generar una serie de decisiones y acciones que nos enriquecen y que nos hacen mucho más plenos como sociedad”, sostuvo el magistrado.
Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, indicó que es necesario que cada uno tome el papel que le corresponde en esta tarea, pero además debe estar capacitado y sensibilizado para rechazar cualquier aspecto que atente contra los derechos humanos de las mujeres, porque sólo de esta manera se podrán llevar a cabo acciones encaminadas a tutelar el ejercicio de sus derechos político-electorales y su empoderamiento.
“La paridad de género es una medida de perfeccionamiento de la democracia que constituye una repartición estrictamente equilibrada, y que tiene como fin permear de manera transversal en todos los espacios sociales y culturales a través de una reescritura, podríamos decir así, del pacto social. Es por sí misma un derecho humano, un fin, una meta, pero antes que nada es una obligación de nuestra sociedad. No debemos bajar los brazos hasta alcanzarla”, afirmó.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Margarita Favela Herrera, señaló que en México se ha cumplido y avanzado con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para lograr la paridad de género, en especial con lo que tiene que ver con la materia electoral; sin embargo, en lo que se refiere a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, es donde falta avanzar de manera considerable.
“Obviamente, el reto mayor que tenemos en la actualidad es que, así como se ha incrementado la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, lo cierto es que también se ha incrementado la violencia política en su contra y no es que sea un fenómeno nuevo, lo que pasa es que ahora se visibiliza con mayor profundidad porque son más las mujeres que estamos participando”, recalcó.
Presenta respuestas del TEPJF a planteamientos hechos por la CEDAW
La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, detalló las respuestas que el TEPJF dio a los planteamientos que hizo la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Durante el Panel 2. Noveno Informe Periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, Avances y retos del TEPJF, informó que se ha respondido que las acciones se han enfocado en consolidar la jurisprudencia y resoluciones a favor de las acciones afirmativas.
Respecto a las medidas implementadas en el Tribunal Electoral sobre paridad de género, reveló que se adecuó la normativa interna y se establecieron criterios específicos; sobre la participación en la vida política y pública de las mujeres, dijo que se han emitido jurisprudencias al resolverse medios de impugnación vinculados con el tema.
Además, dijo que se resolvieron diversos medios de impugnación para asegurar que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% financiamiento público para actividades relacionadas con la promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Asimismo, destacó la protección de poblaciones vulnerables con la creación de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas.
En relación con la violencia en el ámbito político en contra de las mujeres, Soto Fregoso detalló que el TEPJF, en coordinación con otras instituciones, crearon y elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres que si bien no es vinculatorio, sí es la única herramienta que se tiene para juzgar con visión y perspectiva de género.
En su turno, la titular del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leticia Bonifaz Alfonzo, aseguró, respecto a los avances en la materia, que no basta decir ya existe la ley y ya está la paridad o los avances que hayamos tenido, sino detallar cómo se están instrumentando realmente.
“Hay que ver en dónde está el dichoso techo de cristal que limita la participación de las mujeres. Hay que ser muy claros en que no basta con decir formalmente: ´ya hicimos esto´; se tiene que hacer una medición en los hechos de qué está pasando realmente, porque lo que es evidente es que ya pasó la etapa de simulación en las instancias internacionales, ya no podemos llegar a decir que estamos haciendo lo que no es comprobable y lo que no tiene bases estadísticas”, precisó.
La representante de ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes García, sostuvo que no basta con alcanzar la paridad, sino que hace falta trabajar en el cambio cultural, en que los mecanismos sean eficaces y realmente se elimine la discriminación en la ley y también la de facto.
“El análisis que ha hecho el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para que los criterios sean pro igualdad me parece muy relevante y ahora viene un nuevo periodo electoral que va a poner a prueba este tipo de recomendaciones”, afirmó.
La suplencia de la queja un avance para que los pueblos indígenas presenten sus demandas
La magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, destacó el avance logrado en la protección de los derechos político-electorales en los pueblos y comunidades indígenas, en especial, en lo que se refiere a la creación de la suplencia de la queja a la que pueden recurrir sus pobladores.
“Ha habido tesis, jurisprudencias, que han abonado mucho y se ha creado una suplencia de la queja, en el entendido de que los integrantes de las comunidades indígenas no tienen que hacer demandas sumamente elaboradas, basta con que presenten un inicio de agravio, un motivo de inconformidad ligeramente esbozado, para que el juez supla y complete lo que están pidiendo”, indicó durante el Panel 3. Interculturalidad y justicia electoral en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde una perspectiva de pueblos y comunidades indígenas.
Otálora Malassis señaló también que, con la nueva integración de Sala Superior, al analizar los recursos se ha logrado, cuando el medio de impugnación lo permite, ordenar pruebas antropológicas para que sean los expertos quienes digan si en cada comunidad procede la implementación de la universalidad del sufragio o si estamos rompiendo el sistema normativo, “y esto es uno de los avances finalmente para consolidar esta impartición de justicia con una perspectiva intercultural”.
Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Martha López Santiago, detalló que de mayo a la fecha han recibido 120 solicitudes de asesoría, de las cuales 81 se han atendido como asesoría electoral y 37 como defensa electoral, en tanto que en dos casos se han abstenido de conocerlos por tratarse de temas de materia mercantil y penal.
Precisó que los asuntos se han concentrado principalmente en cuatro entidades federativas: Oaxaca con 68, Chiapas con 17, Estado de México 12 y Ciudad de México 9. “Es muy importante precisar que, de las 120 solicitudes hechas a la Defensoría Pública, en 61 expedientes intervienen mujeres por diferentes tipos de violación a sus derechos político-electorales; de esas 61 solicitudes, 30 son por violencia política o por violencia política de género, lo cual implica un 25 por ciento del total de los asuntos que lleva la Defensoría”.
En su turno, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, informó que la Fiscalía tienen15 casos de violencia política en contra de las mujeres en comunidades indígenas, que engloban a varios municipios de Chiapas, entre ellos Oxchuc, Chenalhó, Amantenango y Villa de las Rosas, en Altamirano; en Oaxaca en Santiago Lachiguiri, Eloxochitlán, Pinotepa Nacional y San Martín de Peras en Oaxaca.
Refirió la importancia de discutir la actuación de las autoridades y los partidos políticos, porque en ocasiones son los que ha nivel local impiden que haya una renovación de élites, incluyendo la participación de más mujeres en el ejercicio del poder.