A iniciativa del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el Congreso del Estado aprobó citar a los titulares de las secretarías de Salud y de Planeación y Finanzas y a la Contralora General, a una reunión de trabajo para que informen, expliquen y aclaren las versiones respecto a que en el Hospital Regional Universitario se ha tenido falta de insumos y medicamentos.
En votación unánime, la Legislatura Local acordó que la fecha de la reunión de trabajo con Ignacio Villaseñor, Carlos Noriega y Águeda Catalina Solano, titulares de Salud, Planeación y Finanzas y Contraloría General, respectivamente, sea el martes 28 de marzo a partir de las 10 horas.
El punto de acuerdo, leído en Tribuna por Francisco Javier Ceballos Galindo, señala que el 15 de marzo, personal adscrito al HRU suspendió labores como un acto de protesta, aduciendo falta de medicamentos y material médico, así como materiales de seguridad y protección para el personal del nosocomio.
Asimismo, el 16 de marzo nuevamente se suspendieron labores en el HRU, cancelándose en ambos casos las citas médicas y las cirugías programadas, causando molestia en la población.
“Esta situación resulta altamente preocupante, puesto que todo lo relacionado con la salud de los colimenses es un tema de alta sensibilidad social y es en ese tenor que la falta de insumos y medicamentos podría traer graves consecuencias a los pacientes que acuden al referido hospital”, señaló el diputado local.
Ceballos Galindo expuso que al paro de labores en el HRU, debe sumarse la percepción que existe en la sociedad colimense de los malos manejos financieros que hubo en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno, siendo muchas las imputaciones sobre irregularidades cometidas.
Ante ello, consideró pertinente citar al Secretario de Salud como responsable de dicha área; al Secretario de Planeación y Finanzas, para que brinde un panorama más amplio de la situación financiera por la que atraviesa el Hospital Regional Universitario; mientras la Contralora General del Estado puede informar sobre la existencia o no de irregularidades que incidan en el funcionamiento de ese centro hospitalario.