La figura de procurador y, más aún cuando se concluya la transición hacia la figura de fiscal, es una posición de Estado, no es un simple puesto de gobierno, no es como cualquier otro secretario.
El trabajo de procurador tiene que ver más con una función de Estado, que con cumplir con los objetivos o las promesas específicas de un gobierno; tiene que ver más con garantizar que se cumpla una de las razones fundamentales para que el Estado exista:
Ser hoy procurador o ser después fiscal, tiene que ver con garantizar que como sociedad nos vamos a seguir guiando por la ley o tomando la ley como base para organizarnos, para ponernos de acuerdo.
Con esta idea en mente, a nivel federal se han sentado ya las bases para pasar de una Procuraduría General de la República, a una Fiscalía General de la República.
En este recorrido se le da autonomía a la Fiscalía y se comparte entre dos poderes la decisión del nombramiento y destitución del Fiscal. ¿Por qué? Insisto, porque se entiende que lo que haga el Fiscal afecta y es responsabilidad del Estado Mexicano, no sólo del gobierno federal en turno.
Y aunque en Colima este día no estamos todavía eligiendo al Fiscal, y aunque desde la reforma constitucional que crea la Fiscalía local nos heredaron de la anterior Legislatura una falta de contrapesos en el nombramiento del fiscal, es relevante que abordemos la decisión del nombramiento del procurador como una decisión de Estado, no como una simple ratificación de un nombramiento en el gobierno.
Es más, precisamente por ese transitorio que le da al gobernador del Estado la posibilidad de nombrar directamente al primer fiscal, y entendiendo que si se envió a este Congreso una propuesta de
procurador cuando pudiéramos estar a semanas de que pudiera ya aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía y de ser necesario para el Ejecutivo nombrar a un fiscal, es porque quizás en la visión del gobernador se quiere que el ciudadano en cuestión, sea el próximo fiscal… Por esto, bien vale la pena que abordemos el asunto desde una visión de Estado.
Y para abordarlo desde esta perspectiva, en Nuestro Compromiso por Colima pensaríamos en dos temas que son creemos los más sentidos en este momento en la sociedad colimense: uno, la situación de inseguridad y de violencia; y, dos, los abusos del poder y la impunidad que gozan quienes abusaron desde el servicio público de la confianza ciudadana.
En el primero de los temas, el de la inseguridad, muchas voces se han alzado y los datos son contundentes: estamos en el peor momento de violencia en la historia del estado de Colima.
Desde febrero del año pasado tenemos el nada honroso primer lugar nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Cerramos 2016 con este indicador en 81.55 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes…
Esto es 4.8 veces el promedio nacional, y es una cifra por encima de países muy pero muy violentos como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Afganistán… De Siria no hay cifras creíbles y pues en guerra esto debe ser evaluado distinto, pero más o menos por ahí andamos.
Esto representa 35 veces más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que en el estado más pacífico del país, el estado de Yucatán… Así de lejos estamos de lo que aspiramos.
Es el peor momento si tomamos este indicador en la historia de Colima, y es uno de los peores momentos para cualquier estado en la historia de nuestro país.
Hay que ser claros: si vemos este indicador en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo superan las cifras actuales de Colima, las de un lugar, una frontera crucial para las finanzas de los cárteles, en uno de los momentos más sangrientos
de la historia de nuestro país. Sólo supera este indicador actual de Colima, las cifras de Chihuahua de los años 2009, 2010 y 2011.
Ese es el nivel, esa es la gravedad de la violencia que estamos viviendo.
Y, como dicen los abogados, “suponiendo sin conceder”, si tomamos la inadmisible narrativa de algunos que dicen que “se están matando entre ellos”, entre criminales y que no se está afectando a la población inocente. Pues más allá de todo lo profundamente mal que hay en ese argumento, que implica no respetar el valor de cada vida humana y de que parecería con ese argumento que ignoramos la responsabilidad del estado de castigar cada homicidio independientemente de si la víctima fue en vida delincuente o un santo… Más allá de todo esto, si vemos cifras de otros delitos que sí afectan a la población inocente, pues esta violencia ya se tradujo en un estado generalizado de inseguridad.
Más de 7 mil robos en 2016 en el estado, más de 1,100 con violencia; 100 violaciones… Y estamos hablando de lo reportado a la autoridad, la cifra real todos sabemos que es mucho más alta.
Y más allá de cifras: dense una vuelta por algunas colonias de los distritos que representan, las familias viven con miedo, duermen con miedo, las madres de familia viven en la angustia de que sus hijos regresen.
¿Qué necesitaríamos que pasara para que entendiéramos la gravedad de la situación actual? Quizás todavía no sentimos el miedo que se ha sentido en otras entidades del país en momentos de gran violencia, pero estamos en el preámbulo de que la situación se salga de control por completo.
Y con esta reflexión, asumiendo pues que la situación es gravísima y que se requiere una solución de Estado, y luego de revisar el expediente que nos llevó hace un año a rechazar el nombramiento de José Guadalupe Franco Escobar, y habiendo corroborado que está legalmente libre de culpa de los abusos de los cuales lo acusó un exsubordinado suyo, en el grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima concluimos que en este caso no hay razones legítimas, ni inventaremos alguna para regatear el apoyo
que el Ejecutivo estatal requiere en un momento de crisis para el estado.
Tenemos que tomar decisiones de Estado, necesitamos un procurador fuerte, con legitimidad y con respaldo de todos los que queremos que vuelva la paz y tranquilidad a Colima.
No le ponemos condiciones, pero sí somos enfáticos en nuestras exigencias. La situación de crisis de violencia exige que todos participemos, y el nuevo procurador tiene que promover y permitir esa participación de todos para resolver un problema que a todos afecta.
Y estamos hablando de que tiene que haber diálogo, ¿y por qué diálogo con nosotros? Pues no sólo porque somos otro poder del Estado, sino porque somos representantes directos de la población colimense y como tales tenemos que ser voz y oídos de la población en este tema.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el exprocurador, nos dijo en esta tribuna y también nos explicó detalladamente en lo corto, parte de
lo que se estaba haciendo: nos dijo que hacían en la procuraduría estatal labor de investigación, de inteligencia, para ubicar a las células del crimen organizado, porque se creía que sacando de circulación a los homicidas pues podríamos frenar los homicidios. No ha sucedido así.
Ha habido muchos supuestos sicarios detenidos, pero sigue habiendo aún más homicidios.
Así que si este Congreso aprueba el nombramiento de José Guadalupe Franco Escobar, la exigencia de Nuestro Compromiso por Colima es que se nos explique qué va a hacer distinto para terminar con el baño de sangre y para llevar a los asesinos ante la justicia.
Entendemos que traer a raya a los grupos que pelean por el narcomenudeo y el trasiego de drogas, es condición necesaria para que los otros delitos también disminuyan.
Y, sólo me tomo un minuto más para retomar el segundo de los temas que consideramos son los que más indignan a los
colimenses: los abusos de los servidores públicos y la impunidad a los evidentes actos de corrupción.
Han pasado ya meses desde que esta Legislatura interpuso ante la Procuraduría estatal denuncias penales en contra del exgobernador Mario Anguiano y algunos de sus funcionarios.
Felipe Muñoz nos dijo que estaban pidiendo información a instancias bancarias y fiscales, haciendo peritajes financieros, y que esto era complejo y llevaba tiempo.
La sociedad colimense ya no aguanta más, ya no hay explicación técnica que valga mientras los corruptos se pasean a caballo y reparten como dádivas dinero que no se ganaron con su esfuerzo y que seguramente es dinero mal habido.
Si a José Guadalupe Franco Escobar se le avala en este Congreso como procurador, le exigimos que ya no procure justicia contra los corruptos sino que la haga una realidad.
Por todo lo aquí expresado, entendiendo el momento de crisis, en Nuestro compromiso por Colima invitamos a nuestros compañeros diputados y diputadas a que tengamos altura de miras, a que impere una visión de Estado, a que avalemos este nombramiento, dejando claro también que no es un cheque en blanco, y que tenemos que seguir participando en todas las decisiones que como Estado tomemos para volver a hacer de Colima el lugar tranquilo en el que crecimos y que nos llenaba de orgullo.
Por el respaldo que hoy damos, sólo esperamos apertura para que en conjunto sigamos abordando con una visión de Estado, este problema que cimbra los cimientos del Estado de Colima.
Gracias.