Por criminalizar a los periodistas y ser contraria a la libertad de expresión, la delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, exigió al gobernador Ignacio Peralta Sánchez vetar la reforma legislativa que adiciona al Código Penal el delito de “perturbación del orden público”.
“Se trata de una limitación al derecho constitucional de la libertad de expresión. Se busca castigar a los colimenses por la simple expresión o comunicación de un suceso violento sin la intención deliberada de perturbar el orden público”, expresó la perredista.
Criticó que las autoridades son las últimas en informar a la población cuando sucede un hecho violento, por lo que ellos podrán arbitrariamente definir si el suceso es falso o no.
Zepeda recordó que una reforma similar en Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte Ochoa fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento que viola la libre expresión, el derecho a la información, la legalidad, la seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley penal.
En ese sentido, la dirigente perredista exhortó al mandatario colimense ejercer la facultad constitucional de veto para evitar procesos legales innecesarios ante la Suprema Corte que terminarán por exhibir al Gobierno de Colima como violador de los derechos humanos.
“El gobernador tiene diez días hábiles para hacer las observaciones correspondientes y devolverlo al Congreso por tratarse de un decreto contrario a la Constitución del Estado y la Federal”, puntualizó.
El jueves pasado, por unanimidad, el Congreso del Estado adicionó el artículo 266 Bis al Código Penal, el cual contempla penas de uno a cuatro años de prisión y multa por un importe de 100 a 300 unidades de medida y actualización, a quien “con intención de perturbar el orden público”, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos o ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas.