Por Juan Ramón Negrete Jiménez
El Congreso y sus prisas…
Cada que se avecina el cierre de un período ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, le llegan las prisas y en las últimas sesiones tratan de sacar por montones todo el trabajo legislativo que se les acumuló en los cinco meses que dura el período ordinario, más el que vienen arrastrando de meses anteriores.
Bueno pues eso es lo que está ocurriendo actualmente en la Quincuagésimo Octava Legislatura, que a ocho días de que se clausure el primer período ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo, los diputados se han dado a la tarea de sacar por montones los dictámenes que tenían, algunos de ellos, meses arrumbados en la congeladora.
Pero esas urgencias han llevado a los diputados, no sé si de buena o de mala fe, a cometer errores serios que más tarde que temprano se les van a revertir.
Y que a decir verdad, el trabajo más importante que quisieran observar los ciudadanos no ha salido y no se le ve para cuando.
Por ejemplo Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, tiene guardado a piedra y lodo y con doble llave, el informe final que le entregó el Auditor Superior del Estado, respecto a los resultados de la auditoría excepcional de Gobierno del Estado, de los ejercicios fiscales 2013, 2014, y hasta agosto de 2015 y por lo visto está decidido a que primero los ratones se coman el informe y la polilla y los comejenes invadan los discos compactos, antes que llevarlos al pleno.
Pues el diputado tecomense está decidido a que ni con el pétalo de una rosa tocarán a su protector, el ex gobernador Mario Anguiano Moreno.
Cuando recibió el informe en octubre, puso de pretexto que primero debían sacar las cuentas públicas 2015, de los diez ayuntamientos, los 9 organismos operadores de agua y los tres poderes. Eso ocurrió en noviembre.
Se supone que los diputados en cuanto les turnan los asuntos, disponen de treinta días para elaborar los dictámenes y presentarlos para su análisis y discusión ante el pleno, en este caso Santiago Chávez tienen más de cuatro meses que recibió tan cacareado informe y a lo que se ve, lo sacará cuando ya hayan fenecido las sanciones que se le imputan al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y al grupo cercano del ex mandatario estatal, que fueron los responsables de dejar temblando las finanzas del estado.
Otra vez contra los medios…
A lo que sí se apresuraron los legisladores fue a sacar una serie de reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Colima. Se trata de cinco iniciativas que habían presentado la diputada Juana Andrés Rivera, el 17 de octubre del 2016, para incluir en el delito de hostigamiento sexual, el acoso laboral.
Otra, presentada por el diputado Octavio Tintos para establecer nuevos agravantes para encuadrar el delito de homicidio y lesiones calificadas incrementando las penas impuestas, esto en función de los últimos acontecimientos ilícitos que se han cometido en los últimos años en el estado. Esta iniciativa se había presentado el 10 de noviembre de 2016.
Una tercera iniciativa de la diputada Juana Andrés para castigar el abandono de personas adultas en plenitud por parte de sus familiares. Iniciativa que ingresó el 23 de enero de este año.
Una cuarta iniciativa la presentó el diputado Héctor Magaña Lara, para aumentar las penas por el delito de robo, el 23 de enero de este año.
Y finalmente una quinta iniciativa presentada por la diputada única del Partido Verde, Martha Alicia Meza Oregón, el 23 de enero de 2017.
Bueno pues resulta que los diputados, aprobaron, sin ningún tipo de discusión la propuesta de la diputada manzanillense para irse en contra de los medios de comunicación, no solamente, periódicos, radio, televisión, medios digitales, sino toda aquella persona que haga uso de las redes sociales
La diputada del Partido Verde tuvo la feliz ocurrencia de plantear en el pleno una iniciativa, que hay que decirlo, no se conocía porque omiten leer los documentos en tribuna, y solo piden que se incluyan íntegros en el diario de los debates, argumentando solamente el artículo y la ley que pretenden modificar adicionar o derogar, para adicionar un capítulo en el Código Penal denominado “Perturbación del Orden Público”.
De acuerdo a esa propuesta que fue aprobada sin que alguno de los diputados de ninguna fracción reaccionara, y que entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, en el Artículo 266 bis, se va contra los medios de comunicación y la manera en que fue aprobado es la siguiente:
“Comete el delito de perturbación del orden público y se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización, a:
“I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y (el resaltado es del autor);
II. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido.
Claramente está especificado “POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN”…
¿Qué ocurre? Simple y sencillamente que se vendrá una cacería de brujas en contra de todos los comunicadores, que en aras de informar, la mayor parte de las ocasiones somos los que damos a conocer que se recibió una amenaza, mientras que la autoridad, como siempre, oculta la cabeza o simplemente no informa, provocando con ello que los medios tengan que especular en base a informaciones que recaba por conductos no oficiales.
Cuando algún comunicador o persona que haga uso de algún medio de comunicación, el que sea, de que existe una amenaza de tal o cual cosa, sin que la autoridad lo confirme, por el solo hecho de darlo a conocer hasta en nuestra propio cuenta de Facebook o twitter, o la red social que decida, podremos ser llevados al banquillo de los acusados y con la enorme posibilidad de que nos “enchironen” (meter en chirona), aduciendo la autoridad que difundimos “falsamente”, ataques con armas de fuego, ataques con sustancias, o dar a conocer la existencia de artefactos explosivos.
De acuerdo a la justificación legal planteada en el dictamen que se aprobó por el pleno de la Quincuagésimo Octava Legislatura, “…en tiempos recientes se ha apreciado la necesidad de sancionar a quienes perturban el orden público, a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de situaciones como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares, mismas que causan alarma, desasosiego, pánico y movilizaciones de personas de manera descontrolada, en virtud del tenor de que puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física.”
Y añade que “es ineludible responder jurídicamente ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que pretenden deliberadamente perturbar el orden público mediante la emisión de afirmaciones falsas por diversos canales, incluyendo los medios de comunicación, que prestan un importante servicio de difusión y un invaluable medio de información e intercambio de puntos de vista entre miles de personas, pero como cualquier instrumento o avance tecnológico, son susceptibles de ser empleados de manera mal intencional con el fin de causar un daño.”
A qué la diputada Meza, poco sube a tribuna y cuando lo hace pues como que no es para que se le agradezca; ahora si esa fue la instrucción que le mandaron y le está haciendo el trabajo sucio a alguien más, pues que feo que se preste para ello.
Por lo pronto a título personal y de todo el gremio reporteril, yo si repruebo esta nueva intentona de la autoridad para tratar de acallar a los periodistas y lamento que los diputados, no sé si por distraídos o porque no leyeron el dictamen, lo hayan aprobado sin ninguna discusión….
Esta semana debe comparecer MAM…
En otro tema déjeme decirle que citados por la Comisión de Responsabilidades, para realizar el desahogo de pruebas y que aporten lo que a su favor convenga, esta semana deberán comparecer en audiencia privada, por separado el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos y el ex gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno.
La comisión de Responsabilidades citó a todos los ex funcionarios involucrados dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 20/2016, que se les sigue en su contra, junto con la ex Secretaria de Finanzas del Estado, Blanca Isabel Avalos, entre otros.
Las comparecencias se iniciaron desde el lunes de la semana anterior y concluirán el próximo jueves 23 de febrero.
Le puedo anticipar que el miércoles 22 deberá acudir personalmente o a través de los abogados que lo estén representando, el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, para que aporten lo que a su favor convenga en este procedimiento que se le viene siguiendo en el Congreso local.
No se conoce aún la hora, sobre todo tomando en cuenta que fue convocada sesión ordinaria para las 10:00 horas, que de acuerdo a la hora del Congreso, va a ir comenzando por allá del mediodía, por lo que aún no se sabe si el ex Secretario General de Gobierno acudirá antes de la sesión o hasta por la tarde.
Para el jueves deberá acudir el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, ya sea de manera personal o a través de sus abogados, quienes están debidamente emplazados para realizar esta audiencia.
Ya el ex gobernador Anguiano Moreno, ha dicho que ha presentado ante el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado su respuesta a las observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos que se le plantearon en el Decreto número 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Local.
El ex titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de un comunicado de prensa el pasado 29 de noviembre de 2016, afirmó que el proceso de responsabilidad administrativa 20/2016, que se le sigue “…carece de la más mínima lógica y sentido común el Dictamen que da origen al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, aduciendo que “es incongruente y adolece de sustento legal, al contener aberraciones que denotan un claro y doloso interés mediático y político”.
Habrá que estar al pendiente si el ex gobernador Mario Anguiano acudirá personalmente a defenderse o si dejará que sean sus abogados los que saquen la cara por él.
Crean otra comisión….
Por cierto déjeme comentarle que en la última sesión del Congreso del Estado, crearon una nueva comisión al interior del Poder Legislativo, para que se aboque a investigar por qué no han procedido las denuncias penales en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, que se han interpuesto tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, como en la delegación de la Procuraduría General de la República.
Ante la sociedad el único hecho de crear otra comisión mueve al escepticismo, para la gente es una manera de empezar a echarle tierra al asunto de Mario Anguiano Moreno y demás involucrados.
Nadie se explica como en otras entidades en cuanto se mencionó que hubo presunción de desvío de recursos y malversaciones, los gobernadores abandonaron sus encargos y los ex gobernadores hasta se dieron a la fuga, y en todos aquellos casos pesan las órdenes de aprehensión y que en el caso de Mario Anguiano, es momento que no se ha dicho si para la Procuraduría es presunto imputado y se ha comenzado a integrar la carpeta de investigación. Así de lenta está la justicia en Colima.
La pregunta es ¿qué santo protege a Mario?, o lo que es lo mismo ¿quién o quiénes del gabinete federal siguen protegiendo al ex gobernador de Colima?
Esta semana habrá procurador…
En otro tema del Congreso del Estado, déjeme decirle que el próximo viernes vence el plazo para que los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura dictaminen la propuesta enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para designar como Procurador General de Justicia del Estado, al profesionista José Guadalupe Franco Escobar.
Casi le puedo anticipar que será este miércoles cuando se presente a la consideración del pleno el dictamen respecto a la propuesta del titular del Ejecutivo.
Le corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, que preside el panista Crispín Guerra Cárdenas, elaborar el dictamen de referencia. Le anticipo que hoy lunes habrá una reunión de trabajo para definir en qué sentido saldrá el documento.
Le puedo asegurar que el dictamen vendrá aceptando la propuesta del Ejecutivo del Estado, aunque la fracción del PAN, quién sabe que vaya a pedir a cambio, sobre todo porque José Guadalupe Franco Escobar, no es santo de la devoción de los blanquiazules, desde el pasado proceso electoral ordinario, donde dicen que se le fue con todo al dos veces candidato perdedor de la elección de gobernador, el Senador Jorge Luis Preciado, e incluso contra su familia.
No es tanto que Franco Escobar haya tenido por ahí algunos prietitos que ya no existen, sino que lo que los panistas no le perdonan (o no le habían perdonado), es que como delegado de la PGR, haya intentado actuar en contra del Senador Preciado y dicen ellos “con tanta saña”.
Si el miércoles los diputados palomean la propuesta del Titular del Ejecutivo, esta misma semana podría rendir protesta del cargo para asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde ha estado como encargado del despacho desde el 6 de enero de este año.
Hasta ahora se dan cuenta… Saquean Cultura
El pasado sábado circuló la noticia de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, está investigando la sustracción y posterior cobro de cheques de un par de cuentas de la Secretaría de Cultura, por lo cual se encuentran vinculadas varias personas a ese proceso de investigación.
De acuerdo a un comunicado oficial se indica que “la policía investigadora estatal realiza la integración del expediente por la posible comisión de los delitos de robo y fraude, puesto que las firmas mancomunadas de los cheques son apócrifas”.
De acuerdo al comunicado “derivado de las investigaciones, fue asegurado un vehículo automotor adquirido con uno de los cheques sustraídos y se cateó un domicilio en el cual se encontraron diversos aditamentos para la falsificación de identificaciones, equipo de cómputo y otros elementos propios de actividades fraudulentas”.
A decir de las autoridades las afectaciones a la Secretaría de Cultura rondan la cantidad de un millón 300 mil pesos, derivados de la sustracción de al menos 15 cheques de un par de cuentas de la dependencia estatal.
Déjeme comentarle que esto no es nuevo, dicho por gente que labora en la propia dependencia, incluso señalan que fue práctica común en el anterior sexenio, que permitió el saqueo, señalando los que saben que se fueron principalmente a los recursos de los fondos federales, donde nunca entregaron cuentas.
El asunto de la Secretaría de Cultura no es menor, pues los que están enterados señalan que los cheques fueron sacados de la caja fuerte de la dependencia.
Incluso la compra del vehículo que dice la Procuraduría en su comunicado que fue asegurado, se adquirió desde el mes de diciembre con los primeros cheques que se sustrajeron y ese era un secreto a voces, donde solo los que no querían verlo, se volteaban para el lado contrario.
El titular de la dependencia Carlos Ramírez Vuelvas, confió mucho en la gente que le heredaron y no creyó que fueran capaces de esto… ya se dio cuenta de que sí… ojalá que la Procuraduría General de Justicia continúe con las indagatorias y los procedimientos, y no se quede solo en esto…
Dicen los enterados que esta es apenas la punta del iceberg.
Para cerrar…
**En la sesión del próximo miércoles del Congreso del Estado, van a incluir al menos diez dictámenes, a fin de abatir, aunque no los estén analizando a profundidad, el rezago legislativo que se les estuvo acumulando desde el año anterior.
Entre los dictámenes que pretenden incluir está una iniciativa de la diputada Graciela Larios, que tiene que ver con la Ley sobre Autismo, que tiene muchos meses rezagados.
También pretenden incluir en la lista, otro dictamen de la diputada cetemista, que tiene relación en materia de vivienda.
**Algo que está por definirse, porque no hay acuerdos, es el dictamen referente a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, para adicionar el artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, mediante la cual los empresarios de “¿Cómo Vamos? Colima”, pretenden hacerse de cuando menos 10 o 12 millones de pesos anuales provenientes del Impuesto sobre la Nómina.
Déjeme decirle que la mayoría de diputados de todos los grupos están en contra de que se les otorguen recursos a un grupo de empresarios para desarrollar un trabajo que es competencia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).
Aunque hay que decir que quien está empecinado en que sí se les den esos millones de pesos, que al cabo no son de él, es el presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, y es que como el diputado tecomense ya se siente candidato a alcalde por el municipio de Tecomán, quiere congraciarse con los empresarios de ¿Cómo Vamos? Colima, que todo mundo sabe quién es la mano que mece la cuna.
Por hoy hasta aquí la dejo, sólo déjeme comentarle que me queda pendiente abordar todo lo relacionado al matriarcado que se ha posicionado en el Instituto Electoral del Estado, donde ya los partidos políticos pegaron el grito en el cielo, pero eso se lo abordaré en otra entrega.
Por lo pronto solo le informo que ya hay más demandas en contra de la manera en que se está conduciendo el Instituto Electoral del Estado, ante el Tribunal Electoral.
También luego le comento el desbarajuste que está armando el Congreso con tal de justificar el no haber licitado todas las adquisiciones que se han venido ejecutando los últimos meses, entre ellas, la adquisición de cinco vehículos Toyota, que supuestamente iban a ser para el personal administrativo, pero que ya vimos que no…. Pero eso se lo platicaré en otra entrega “Desde la Curul 26”.