Faltan tres semanas para que Donald Trump asuma oficialmente la presidencia de Estados Unidos y la progresista California tiene la armadura puesta, lista para enfrentar cualquier esfuerzo del nuevo gobierno por expulsar inmigrantes indocumentados.
El magnate republicano prometió echar del país a al menos tres millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales y construir un muro en la frontera con México.
Pero con miras a su juramentación el 20 de enero, varias “ciudades santuario” de este estado del oeste estadounidense, donde 2,8 millones de indocumentados están protegidos de persecución, ya comienzan a construir las trincheras.
“Hemos escuchado los insultos, las mentiras y las amenazas… Si quieren llegar a ellos [los indocumentados], tendrán que pasar por encima de nosotros”, lanzó por estos días el jefe de la asamblea legislativa de California, Anthony Rendon, demócrata y de ascendencia mexicana.
Así, y aunque Trump amenazó durante la campaña con cortar importantes y vitales fondos federales a las “ciudades santuario” –que se calcula son unas 300 en todo el país– las autoridades municipales parecen no tener intención de apoyar cualquier iniciativa anti-inmigración del nuevo gobierno.
Lo dijo Ed Lee, alcalde de San Francisco: “está en nuestro ADN ser una ciudad santuario”. Lo mismo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que quiere abrir un fondo de 10 millones de dólares para dar asistencia legal gratuita a los indocumentados, la mayoría hispanos.
Además, el nuevo fiscal general del estado, una especie de ministro de Justicia, es el excongresista Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y el primer latino en ocupar el cargo.
“Si quiere enfrentarse con un estado progresista que está preparado para defender sus derechos e intereses, que venga”, lanzó Becerra, considerado por la prensa estadounidense como el “bulldog” de la administración del gobernador Jerry Brown, que por su lado ha dicho que resistirá a cualquier intento de Trump en alterar sus políticas contra el calentamiento global, defensa de derechos laborales e inmigración.
Los miembros del legislativo californiano, de mayoría demócrata, aprobaron una resolución en la que se “implora” al nuevo presidente y al Congreso republicano que “desarrolle políticas racionales de inmigración” y evite “deportaciones masivas”.
Siempre bajo ataque
El jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo hace mes y medio que sus oficiales no participarán de ninguna operación federal para deportar inmigrantes ilegales.
“No es nuestro trabajo y no lo vamos a hacer nuestro trabajo”, indicó.
Pero más allá de sus intenciones, el poder municipal nada puede hacer para impedir redadas. En 2015, de los 235.413 deportados (59% con récord criminal), 6.869 fueron capturados en Los Ángeles, según datos que la autoridad federal de migración (ICE) envió a la AFP.
De allí que Ron Gochez, de la organización pro-inmigrantes Unión del Barrio, valora el esfuerzo de las autoridades locales pero lo consideró “simbólico”. “No hay nadie que los pueda parar, no queremos que por estos discursos la gente se confíe y deje de protegerse”, indicó.
Gochez, estadounidense de ascendencia mexicano-salvadoreña, no olvida por ejemplo los 2,5 millones de deportados que hubo en los ocho años del gobierno de Barack Obama, más que con cualquier otro presidente de Estados Unidos y bautizado por algunas organizaciones como “Deportador en jefe”.
“Sin importar quien esté en la Casa Blanca, los inmigrantes siempre estarán bajo ataque”, zanjó Gochez.
Obama prometió en 2012 una reforma migratoria, pero el Congreso republicano la impidió. Aprobó sí a través de una orden ejecutiva –sin pasar por el Congreso– el programa DACA, que permite a jóvenes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, estudiar en la universidad, trabajar y tener un permiso de conducir.
Pero Trump ya amenazó con eliminar el programa, aunque tras la elección matizó sus palabras, prometiendo, sin dar detalles, “hallar una solución que dejará a la gente feliz y orgullosa”.
Expertos coinciden en que California, con Becerra al frente, podría tener el papel opositor que el muy republicano estado de Texas, fronterizo con México, asumió durante los ochos años de Obama con varias demandas en la justicia en temas como salud y medio ambiente, además de inmigración.
Mientras, la gente está con miedo y espera ansiosa las nuevas políticas. Unión del Barrio viene promoviendo charlas informativas para los indocumentados, que según cifras del departamento de Seguridad Interior, sumaron 11,4 millones en todo el país en 2012, 59% mexicanos (6,7 millones).
Manifestaciones contra Trump fueron convocadas para cuando asuma el cargo el 20 de enero, en varias ciudades del país, incluida Los Ángeles.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, estaremos organizados. Si no nos defendemos nosotros mismos, ¿quién entonces?”, declaró a la AFP.