=Aprueba el Congreso amonestaciones públicas, inhabilitaciones, resarcimiento de daño al erario público y destituciones del cargo para funcionarios.
Alfredo Quiles Cabrera
Una vez que ha concluido la calificación de las 22 cuentas públicas de los tres Poderes, 10 ayuntamientos y 9 organismos municipales de agua potable, el Congreso del Estado abrirá alrededor de 510 expedientes de responsabilidades contra servidores públicos en funciones y ex funcionarios, anunció el Presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la LVIII Legislatura Local, Santiago Chávez Chávez.
El Congreso del Estado realizó el pasado lunes una maratónica sesión para calificar las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 de esos 22 entes, en base a las auditorias practicadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig).
En dichas auditorias se detectaron diversas situaciones que ameritan la imposición de sanciones en contra de servidores públicos, tanto del Estado como de los municipios y organismos operadores de agua potable.
“En total suman más de 510 expedientes que se habrán de abrir y turnarse a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estadio para su dictamen”, afirmó Santiago Chávez.
El legislador priista aclaró que “ello no significa que sea el mismo número de servidores públicos a sancionar (510), pues existen algunos casos de servidores públicos que recibieron varias sanciones”.
Chávez Chávez señaló que se propusieron (hasta este lunes) sanciones diversas ante el pleno del Congreso, las cuales van desde “amonestaciones, pecuniaria, destitución del cargo, inhabilitación y reintegrar recursos a las arcas (estatal o municipales), entre otras acciones que se están proponiendo”.
Sin embargo, señaló que todos los servidores públicos mencionados en los dictámenes “son por presuntas responsabilidades”.
El priista descartó que por esas situaciones específicas registradas por el Osafig, y calificadas por el pleno del Congreso, se pudiera hablar de una gravedad en el tema de corrupción en Colima.
Explicó que por estas auditorías acuciosas, detalladas, se espera que el próximo año sea una cantidad inferior y que esto sirva para inhibir conductas que pudieran generar responsabilidades de los servidores públicos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Riult Rivera, reconoció que la propuesta de sanción en contra de más de 500 servidores públicos “es sin lugar a dudas una cantidad elevada”, pero no se puede generalizar si se puede considerar como corrupción.
Sin embargo, se abstuvo de mencionar más sobre el particular, pues señaló que al llegar esos expedientes a la Comisión de Responsabilidades que preside “se iniciará con el análisis jurídico”, y en el cual se dará oportunidad de defensa a los presuntos responsables, concluyó.