Es preocupante que las denuncias que se hicieron en contra del ex-gobernador Mario Anguiano vayan a terminar archivadas después de la renuncia del ex-procurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ya que los ex procuradores antecesores a él archivaran todas las denuncias que se impusieran a los pasados gobernadores, dejando así inconclusas las investigaciones que en su contra tuvieran y por lo tanto nunca salieron a la luz pública.
Por esa razón exigimos al gobernador Ignacio Peralta ordene a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) dar solución a las denuncias presentadas tanto por el Congreso local como por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) en contra del ex-gobernador Mario Anguiano y a los funcionarios implicados en el desvío de recursos, ya que no hay avances tras cinco meses de haber iniciado el proceso penal.
La denuncia en contra de MAM por el desfalco a las finanzas del estado se interpuso en el mes de junio y hasta la fecha no hay progreso de la investigación, el Partido Acción Nacional tiene el temor de que el actual mandatario estatal no haga nada para sancionarlo, ya que la PGJE depende de él.
Al parecer el ex mandatario MAM y el Gobernador JIPS tienen un pacto el cual se respetara y no se castigaran a los implicados de este desfalco financiero, con esto se demuestra una vez más que a JIPS sigue sin importarle el pueblo de Colima.
Y hablando de corrupción y de desfalcos, ahora se da el caso de altozano, donde se demuestra que la pasada administración de la ex-presidenta Indira Vizcaíno no fue del toda sana, ya que se quedó evidenciado que esta transacción de dicho predio fue realizada a base de corrupción, con esto se refleja que el actual mandatario esta rodeado de personas con un pasado lleno de corrupción y a él se le está pegando por lo visto esta tan terrible enfermedad que solo se les da a los funcionarios del PRI.
El Partido Acción Nacional pide a las autoridades que se investigue este caso y que las personas que estén involucradas en actos ilegales sean castigadas, ya que el pueblo de Cuauhtémoc no tiene porque pagar las corrupciones que se cometan en contra de su municipio.