Sin Tapujos
“[el responsable en cuanto a un proceso de rendición de cuentas] No es solamente el
Gobernador como Poder Ejecutivo, sino también intervienen de manera importante el Poder
Legislativo, e incluso en cuanto al resolutivo de las demandas penales, el Poder Judicial”
José Ignacio Peralta Sánchez
(Diario de Colima 23 de octubre)
ALIÉMONOS CONTRA LA IMPUNIDAD
A los pocos meses de fungir como diputado de la LVI Legislatura del Congreso del Estado, en reiteradas ocasiones anuncie el desastre en que se encontraba la administración anguianista y cómo iban llevando a nuestro estado de mal en peor.
Lamentablemente ante la pasividad, conveniencia y complacencia de muchos de los entonces diputados, funcionarios y actores políticos, Mario Anguiano y sus amigos continuaron enriqueciéndose a la sombra del poder en detrimento de la economía de los colimenses.
Una vez más el tiempo y los hechos nos dan la razón y el Gobierno de Mario Anguiano es exhibido como lo que fue: Un verdadero desastre y un retroceso para Colima.
¿Esto es suficiente? Para nada, los colimenses no ganamos absolutamente nada con que se haya hecho “oficial” lo que siempre supimos, y esta auditoría excepcional por mucho que intenten “cacarearla” como algo histórico no lo es ni lo podrá ser a menos que la misma se encuentre bien realizada y permita se finquen responsabilidades y más importante aún, sea resarcido el daño que descaradamente se cometió contra las arcas estatales; solamente así podremos decir que se hizo justicia y que todo el trabajo realizado rindió frutos.
Que se aplique la ley y se haga justicia en el caso Anguiano como bien lo refería el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, no es responsabilidad privativa de una persona sino que involucra un trabajo de quienes integramos los tres poderes del estado.
El ejecutivo por medio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tienen las denuncias penales que fueron presentadas en base a las auditorías realizadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental a la administración de Mario Anguiano por el uso indebido del crédito de los 638 millones y por los resultados de la auditoría de ejercicio fiscal 2015 y, según se dice, se sumará otra denuncia penal derivada de la auditoría excepcional que recién fue entregada al Congreso.
Si las auditorías que dieron base a las denuncias penales se encuentran bien sustentadas, el ministerio público no debe tener ningún problema para integrar debidamente la acción penal y llevar ante la instancia judicial el caso.
De allí corresponde al Poder Judicial, en base a los elementos que le sean aportados por el ministerio público y el OSAFIG, desahogar el proceso penal que puede culminar en sanciones penales y económicas hacía el ex gobernador y su camarilla.
Por parte de este Poder Legislativo, corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos presidida por el Diputado Priista Santiago Chávez Chávez, realizar la revisión y conclusión del proceso de fiscalización de la auditoría excepcional recién entregada y la del ejercicio fiscal 2015, cuya materia prime la constituye los informes de resultados del OSAFIG.
De encontrarse procedente los informes de resultados y las irregularidades allí detectadas, el asunto deberá enviarse a la Comisión de Responsabilidades presidida por la Diputada Panista Julia Licet Jiménez Angulo, quien será la encargada de tramitar el procedimiento para fincar juicio político y las responsabilidades penales y administrativas correspondientes al exgobernador.
En conclusión, para poder dar una respuesta contundente al clamor de los colimenses por justicia, es necesario que los tres poderes del estado (integrados algunos por militantes o simpatizantes del PRI y del PAN) trabajemos en equipo.
Todos han expresado públicamente su deseo de hacer justicia si este discurso es verdad debemos verlo en los hechos, si algo falla en este procedimiento (sea intencional o no) se privilegiara la impunidad y eso es algo que los colimenses no olvidaran nunca y lo cobraran a su debido tiempo.