Ni los jueces sin rostro ni los policías que actúan al margen de la ley son algo que debe ser tolerado
La diputada Martha Sosa, presentó un dictamen para reformar diversas disposiciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y el Código Penal, que señala, que policías deben abstenerse de impedir bajo amenaza, coacción o intimidación la video-grabación o fotografía que realicen los espectadores de sus actividades, realizadas como servidores públicos en espacios públicos.
Ya que, “no se considera ultraje a la autoridad cuando se trate de una video-grabación o tomas fotográficas realizadas por un espectador, en un espacio público o al que tenga derecho a acceder, y que no impidan el libre ejercicio de sus funciones como servidor público”.
El documento que fue aprobado con el voto a favor de los diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y el grupo parlamentario independiente “Nuestro Compromiso por Colima” y con la abstención de los diputados del PRI, PVEM, PANAL y PT, destaca que para garantizar que los integrante de las instituciones policiales tenga la necesidad de hacer uso de la fuerza pública, lo hagan de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos.
Las Comisiones Dictaminadoras, consideraron viable implementar mecanismos que regulen el marco normativo de nuestro estado, para que se ejerzan las libertades de los ciudadanos plasmadas en nuestra Carta Magna, donde los ciudadanos puedan hacer uso de su libertad de expresión, y a la vez, se prevengan posibles abusos de autoridad al dejar debidamente regulado el marco de acción del ciudadano en relación a los agentes de seguridad pública.
Recordaron que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en su numeral 13 y el Pacto Internacional de Derechos Humanos en su numeral 19, refiere: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Destacaron que se ha venido dando el problema de los abusos y excesos de autoridad de los agentes de seguridad pública, motivo por el cual la sociedad civil ha buscado las formas de exhibir estas conductas arbitrarias para poder exigir y tener elementos que puedan servir de prueba de tales abusos.
Por otro lado, actualmente existe una desinformación de quienes defienden estas prácticas restrictivas, ya que consideran están fueran de la Ley, y un atentado a su seguridad el ser video-grabados mientras están en el ejercicio de sus funciones como lo señala la iniciadora, y alegan un conflicto de derechos, por un lado las libertades de los colimenses, por el otro, los derechos del honor, la intimidad y la imagen de los policías; concluyen diciendo que es mejor privilegiar los de éstos por encima de los de la población.
Refirieron que los policías son servidores públicos y por tanto su trabajo está expuesto al escrutinio de los ciudadanos, por lo que no es un delito documentar, si no un derecho que tienen los ciudadanos de poder filmar, fotografiar, y grabar audio. Concluyendo que: Ni los jueces sin rostro ni los policías que actúan al margen de la ley son algo que debe ser tolerado.