“Desde la Curul 26”

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

No se suspendió la partida de previsión social múltiple

Ha transcurrido poco más de un mes desde que se inició el debate sobre las percepciones que vienen recibiendo los legisladores locales y a pesar de los esfuerzos, el tema sigue latente entre los colimenses; por un lado los legisladores continúan insistiendo que no ganan 200 mil pesos, sino que todo parte de un error al subir la información a la página web del Poder Legislativo y por el otro los ciudadanos que han salido a manifestarse, insisten en que los bonos y apoyos que se les entregan también forman parte de sus ingresos.

De uno y de otro lado se han cometido errores al por mayor, lo que lejos de ayudar a que esto se clarifique y se resuelva lo ha revolcado más, lo que nos habla de que al menos de parte de los diputados, han faltado buenos asesores, o bien que los legisladores no saben escuchar, creen saberlo todo y en el pecado están llevando la penitencia.

Por su parte los ciudadanos que han salido a la calle, que ha sido una pequeñísima minoría que no llega ni siquiera al medio centenar, han mostrado que su protesta ha sido más arrebatada, que bien pensada y que las acciones que han tratado de emprender por la vía legal, los está dejando al descubierto como ignorantes de las cuestiones legales.

Aparte de eso lo que pudo haberse convertido en un importante movimiento de protesta, todo se fue al caño, cuando al menos dos de los grupos visibles chocaron y se enfrentaron entre sí en las propias instalaciones del Poder Legislativo, ante los medios de comunicación y todo porque cada uno por su lado querían llevarse los aplausos, mostrando que en realidad el movimiento de protesta les importaba menos que un cacahuate.

Por un lado los cuatro integrantes del movimiento #Yonosoy200mil, integrado por Patricia Mendoza Romeo, Guillermo Bueno Sánchez, Uriel Hernández Carrillo y Oscar López Ruiz, creyeron que la protesta era de su propiedad y no querían que nadie más les hiciera mosca, aunque sí querían que les hicieran montón.

Ese grupo aún antes de que iniciaran las protestas por conducto de Patricia Mendoza, salió a reclamar la “maternidad” del hastag #Yonosoy200mil, y a desacreditar a los del otro grupo “porque ellos no dan la cara”, refiriéndose a cinco jóvenes encapuchados, que luego se supo eran parte de los autodenominados “Desmemoriados”, cuya cabeza visible es Fernando Velasko.

A su vez este otro grupo denominado “Los Desmemoriados”, su manifestación se basa solo en el entusiasmo, pero en sí no hay estrategia; se habla que atrás de ellos está el ex director del Archivo Histórico del Congreso del Estado, Noé Guerra, quien al menos acudió a tres eventos, incluida la rueda de prensa donde se “aparecieron” los “encapuchados”, y donde anduvo hasta tomando fotografías con su celular; se habla que incluso él cubrió la cuenta del restaurante donde ofrecieron la rueda de prensa para dar a conocer que iniciaban ese movimiento de protesta y presentaban a su vez, como de ellos el hastag #Yonosoy200mil, que más tardaron en anunciarlo que en que se les apareciera Patricia Mendoza, para reclamar la maternidad del mismo.

Bueno el grupo de Patricia Mendoza, que a donde se aparece solo van cuatro, nadie más los sigue, se mostraron ingenuos en cuestiones legales, y les explico por qué.

Cuando fueron invitados por los diputados para recibirlos en el recinto oficial del Congreso del Estado, éstos junto con los Desmemoriados, y dialogar con una comisión de cinco manifestantes, exigían que fuera en sesión pública de lo contrario no aceptaban sentarse a dialogar con los tribunos.

Quizá por ignorancia o desconocimiento, los manifestantes no supieron que por ley ese diálogo no podía realizarse en una sesión de los diputados en donde intervinieran los manifestantes, sin embargo se aferraron a ello y no hubo tal encuentro.

Aquél lunes los “Desmemoriados” sí entregaron un documento a la Oficial Mayor del Congreso, donde entre otras cosas pedían que los diputados renunciaron a varias partidas que en su conjunto sumaban 108 mil pesos mensuales y que los salarios o dietas de los legisladores, se redujeran a 50 mil pesos mensuales.

Les da “palo” el Juzgado de Distrito

Por su parte Patricia Mendoza, hizo berrinche porque no los recibieron los diputados y para que se les quitara, que se guarda en un folder el documento donde lo que en sí reclamaban era que les informaran en base a qué se habían incrementado la partida de previsión social múltiple y les informaran cuál había sido el sustento legal.

Como se pelearon con los “Desmemoriados”, al día siguiente salieron los cuatro integrantes de #Yonosoy200mil, a anunciar que interpondrían recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, “para que le ordene al Congreso, suspender de inmediato esa partida por 68 mil pesos, y nos entreguen la documentación que estamos requiriendo respecto a ese incremento en las percepciones”, dijeron.

Bueno pues a pesar de ser solamente cuatro los integrantes de #Yonosoy200mil, sintieron que ya era momento de dar el siguiente paso, pues sentían que tenían todo ganado y este martes, anunciaron que este grupo con fecha 16 de agosto de 2016, nacía y se convertía en la Organización Ciudadana Estatal (OCE).

Ahí anunciaron que ya #Yonosoy200mil les quedaba chiquito y a partir de esa fecha no solo lucharían porque los diputados se bajen los salarios, sino que también desde ese día van en contra de lo que llamaron el “Placazo”, que es el tema de reemplacamiento; que van en contra de los temas de salud, educación y seguridad, dijo Patricia Mendoza.

En esa rueda de prensa festinó que “ya logramos que se congelara la partida de previsión social múltiple, y ya solo estamos esperando que este mismo día el Supremo Tribunal de Justicia (sic) (Juzgado de Distrito) resuelva nuestra solicitud de amparo para que obligue a los diputados a disminuirse sus ingresos”… todo les salió mal.

Por un lado los diputados nunca “congelaron” la partida de Previsión Social Múltiple, como se interpretó la declaración del presidente del Congreso el Estado, Riult Rivera Gutiérrez, quien dijo que el día 15 de agosto, fecha en que les depositan los recursos de esa partida, aún no se los habían entregado, por lo que los reporteros, se fueron con la finta y buscando ganar la nota “cabecearon” la información en el sentido de que se había congelado dicha partida, cuando no era verdad.

Pero bueno, el mismo martes el Juzgado Primero de Distrito, del Poder Judicial de la Federación resolvió en definitiva la solicitud de amparo interpuesto por Patricia Mendoza y los otros tres integrantes de #Yonosoy200mil, y les rechazo de plano la solicitud interpuesta.

Yo no sé quién será el asesor jurídico de Patricia Mendoza y los otros tres integrantes de la ahora Organización Ciudadana Estatal (OCE), pero seguramente cursó la carrera de abogado por correspondencia o en una de esas universidades “patito” que tanto prevalecen en la República, porque la respuesta que les dio el Juzgado los exhibe de cuerpo entero.

En otra de las entregas “Desde la Curul 26”, para ser exactos la del jueves 11, les dije que eso iba a ocurrir y les mencioné por qué… bueno pues este martes el Juzgado de Distrito se los confirmó.

La respuesta fue en el sentido de que equivocaron todo el camino… primero no podían ampararlos porque no existe ningún perjuicio en su contra; segundo, #Yonosoy200mil, no fue afectado por el Congreso, porque no entregó ninguna solicitud de información, la cual en todo caso debió haberse hecho a través el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INFOCOL), ante eso ordenó el archivo de la solicitud de amparo “como asunto totalmente concluido”.

En consecuencia dejó ya sin argumentos a Patricia Mendoza, Guillermo Bueno Sánchez, Oscar López Ruiz y Uriel Hernández Carrillo, para que continúen protestando en contra de los diputados.

Se ha escuchado poco a los diputados….

Este martes la diputada Martha Sosa Govea, presentó una iniciativa para acabar con la partida de Previsión Social Múltiple, en su propuesta no solo está sugiriendo acabar con esta partida de los diputados, sino además con las que manejan el Gobernador del Estado, y los presidentes municipales.

La iniciativa es para reformar y adicionar diversas disposiciones a las leyes de presupuesto y gasto público del Estado de Colima, reformas a las leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, reformas a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos del estado y de los municipios, así como del Código Penal para el Estado de Colima.

Martha Leticia Sosa Govea, dijo que en Colima hay pobreza, muchas necesidades, falta de empleo y mucha inseguridad, “pero cuando se trata de decir que hay un grupo que está cobrando demasiado, se ofende la sociedad y con razón”.

La ex coordinadora de la bancada del PAN, reconoció que lo que está cuestionado es el papel de los diputados, a quienes se les ha dicho que no tienen por qué ser gestores, ya que para eso hay instituciones, sin embargo señaló que por costumbre, quién sabe en qué momento se inició con las partidas de previsión social múltiple en el Congreso, el legislador tuvo el recurso para estar aliviando la necesidad de la gente.

Algo cierto que dijo la legisladora panista fue que si la gente acude al Congreso a solicitar apoyos, es porque no encuentra la respuesta en la institución correspondiente y reconoció que se tienen deficiencias y falta de presupuestos en instancias como serían Desarrollo Social, el Instituto de los Discapacitados, el Instituto de los Adultos Mayores, en el propio Instituto Colimense de las Mujeres, y desde luego en todo el sistema DIF estatal y municipales.

Con esta iniciativa se da respuesta al clamor popular de aquellos que han salido a las calles a manifestarse desde hace aproximadamente un mes donde un grupo de ciudadanos han manifestado su inconformidad en contra de las percepciones que reciben mensualmente los diputados.

La propuesta va enfocada a prohibir la partida de previsión social múltiple con que cuenta el Poder Legislativo para otorgar estas ayudas sociales a los colimenses, así como cualquier otra similar, prohibición que sería aplicable a todo ente público estatal.

Asimismo que se prohíba la existencia de erogaciones imprevistas, con lo que se obliga a toda dependencia a prever e identificar una partida determinada, específica, clara, para cada concepto del gasto y que esta sea clara y transparente para saber en qué se gasta el dinero.

Se busca limitar que los recursos presupuestados para que el gobernador cree unidades de apoyo, ya sean transitorias y permanentes, o para que el gobernador ejecute programas especiales y en estas unidades de apoyo se consideran los servicios de accesoría , consultoría y apoyo técnico, que estos recursos solo sean posibles si se tiene la partida presupuestaria debidamente especificada en el presupuesto de egresos y no se continúe con esa partida embudo a la que le mandan todo lo que les parece.

La partida de erogaciones imprevistas, en estados como en Jalisco, se les considera como una de las cajas chicas del gobernador y de los secretarios, “porque es ahí donde se da el despilfarro, el gasto excesivo y el uso discrecional y no comprobable de los recursos”, señala la iniciativa.

A este asunto aún le faltan muchas páginas por escribirse, estamos a menos de dos semanas de que concluya el segundo período ordinario de sesiones en la Quincuagésimo Octava Legislatura, y en ese lapso habrán de realizarse entre cuatro y cinco sesiones más, pues pretenden abatir hasta donde sea posible el rezago legislativo.

No creo que les vaya a alcanzar el tiempo para analizar esta iniciativa, lo más seguro es que se la van a llevar hasta los dos últimos meses del año, para que en todo caso ya en el 2017, ya no exista esa partida de Previsión Social Múltiple, pero lo que resta de este año, claro que la van a seguir cobrando.

Hoy pensionarán a ex titular de OSAFIG

Este jueves a partir de las 11:00 horas habrá sesión ordinaria en el Congreso, le anticipo que durante la misma habrán de sacar al menos siete pensiones que llegaron al Congreso local, la mayoría de ellas serán por viudez, es decir beneficiarias que perdieron a sus esposos y que es necesario que el Congreso apruebe que sean las viudas quienes puedan seguir cobrando la pensión correspondiente.

Dentro de todo ese paquete de pensiones, presentarán una que llama la atención, se someterá a la consideración del pleno la pensión por años de servicio (por vejez) a favor de María Cristina González Márquez, quien fue la primera Auditor Superior del Estado, luego de que la Contaduría Mayor de Hacienda, desapareció para dar paso al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).

María Cristina González Márquez, salió del órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, luego de que presentó su “renuncia”, por aquél vehículo del OSAFIG, que mediante tranzas y triquiñuelas se llevó el sobrino del defenestrado ex secretario de Desarrollo Social, ex diputado local, Rigoberto Salazar Velasco, que cuando fue legislador, metió a su sobrino al OSAFIG y valiéndose de quien sabe que mañas, engatusó a la Auditor Superior de Hacienda, María Cristina González Márquez, para que un vehículo comprado con dinero de este órgano, se pusiera a nombre del sobrino de Rigoberto Salazar, porque iba a ser utilizados en cuestiones ajenas a este organismo (dicen que actividades partidistas)

Y que cuando Rigoberto Salazar dejó de ser diputado, disfrazaron un juicio para que el sobrino de Salazar Velasco se quedara con ese vehículo, sustrayéndolo de las propias instalaciones del OSAFIG.

Eso provocó que María Cristina González Márquez, que fue encontrada responsable en la investigación realizada por los diputados de la anterior Legislatura, cuando se iba a presentar el dictamen para destituirla como Auditor Superior del Estado, “fue convencida” de que mejor renunciara al cargo.

A cambio de ello el ex gobernador Mario Anguiano, la premió, y la hizo directora general de una de las áreas dependientes de lo que era Administración y Finanzas, donde para protegerla le mantuvieron un perfil discreto, aunque con nombramiento de directora general.

Hoy con ese nombramiento será presentada la iniciativa para pensionarla por años de servicio; ella inició allá por 1995, en el Ayuntamiento de Colima y posteriormente a invitación de los panistas encabezados por Jorge Octavio Iñiguez Larios, y con quien sostenía excelentes relaciones, la apoyaron para que entrara a la administración estatal. Este día la van a pensionar como algo así como 20 años de servicio ¿cómo la ve?

Por cierto diputados… ¿no habrá más de dónde escoger?

Asimismo quiero comentar a usted que quizá este día (aún no estaba amarrado el punto), sea presentado a la consideración del pleno, el dictamen para aprobar los nombramientos de las personas que serán electas para que funjan como consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INFOCOL).

Como le había comentado a usted en la anterior columna, la semana pasada los aspirantes a consejeros, acudieron a ser entrevistados por los diputados de la Comisión de Gobierno Interno y las otras comisiones involucradas, para conocer los perfiles y las razones por las que pretenden ser consejeros del INFOCOL.

Me llama la atención que uno de los profesionistas que aspiran a ser consejero de Instituto de Transparencia, es el abogado Benjamín Luna, quien es el asesor jurídico del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que apoya a Taurino Rincón Lorenzo, como presidente de Bienes Comunales por decisión del Tribunal Unitario Agrario número 38.

Hasta aquí todo marcha muy bien, el asunto es que Benjamín Luna, este año fue designado y rindió protesta ante el Congreso del Estado, como Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, posición en la que durará varios años.

Hay un adagio que dice que “el que mucho abarca poco aprieta”, el abogado Benjamín Luna, podrá decir que tanto el cargo de consejero de la CDHEC, como en INFOCOL, los cargos son honorarios, sí, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.

Quizá a Benjamín Luna lo único que lo mueve es querer servir a los colimenses, sí, pero si antes buscó ser consejero de la Comisión de Derechos Humanos y resultó electo, y rindió protesta hace unos meses, ¿ya se le acabó el interés por este organismo?, ¿de resultar electo para ser parte del consejo de INFOCOL, renunciará a su otro cargo? ¿De veras no habrá otros profesionistas que reúnan el perfil para que elijan o designen a otros y no cargarle la chamba de más de un organismo a una sola persona?

Yo soy muy mal pensado, y yo pudiera sospechar que aunque los cargos en ambos organismos son honorarios, es decir sin sueldo, sí, pero ¿lo que buscará Benjamín Luna, será tener la influencia para definir a su favor los asuntos en los que litiga como profesional del derecho? No sé, pero de veras, ojalá los diputados mejor brinden la oportunidad a otro profesionista que no tenga ya otra responsabilidad.

No sé si ese dictamen lo vayan a presentar en la sesión de este día, pero ojalá valoren esta situación.

Para cerrar…

**¿Cómo Vamos? Colima, acaba de calificar, yo no sé quién le asignó esa tarea y esa facultad, a la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez… los empresarios encabezados por Guillermo Brun, quien funge como secretario del comité “ciudadano”, están presionando para que el titular del Ejecutivo del Estado, les dé el 5 por ciento de los recursos que se captan por el Impuesto Sobre la Nómina, algo así como 12 millones de pesos anuales.

Por eso es que le pusieron “cero” en materia de seguridad pública, esto es para que el gobernador vea, que no se van a tentar el corazón para desacreditar el trabajo que se realice en la administración estatal.

Quisieron mostrarse benévolos y califican con un 74.4, el primer semestre del mandatario estatal, pero ahí está el mensaje, si no les a “la lana” que pretenden, en la siguiente evaluación lo van a reprobar.

Ya lo demostraron en la calificación de las administraciones municipales de Tecomán, Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez, donde les dijeron a los alcaldes que por no contratarles las encuestas que ellos mismos practican, la calificación de su evaluación, no fue satisfactoria.

** Hoy se cumplen cinco meses de que el Procurador del Estado, Felipe de Jesús Muñoz, asumió el cargo al frente de esta Procuraduría, en breve publicaré datos de esa dependencia.

**Finalmente decirle que al cumplirse seis meses de que arrancó esta administración, ya se dieron los primeros dos cambios dentro del gabinete estatal… aún no se han terminado de nombrar a todos los funcionarios y ya algunos empezaron a caerse… aguas, a ese pasó para cuando el gobernador acuda a rendir su primer informe de gobierno ante el Congreso del Estado, a lo mejor ya no llegan otros…