*Congreso exhorta al Ejecutivo a que expida los reglamentos a que obligan 61 leyes estatales
De las 82 leyes que requieren reglamentación obligatoria para que cumplan con su facultad establecida en la fracción III del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 61, es decir el 74%, no cuentan con el o los reglamentos necesarios para su aplicación, y en muchos casos esas leyes datan de más de 5 o 10 años, por lo que el diputado Riult Rivera Gutiérrez exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a elaborar y publicar la reglamentación necesaria.
Rivera Gutiérrez expresó que la falta de esta reglamentación causa perjuicios significativos tanto en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, como en los intereses personales y colectivos de la sociedad colimense, pues “es necesaria para que las disposiciones contenidas en nuestras leyes puedan ser ejecutadas y aplicadas”.
El legislador explicó que las leyes son formuladas y aprobadas en términos generales para hacer frente a las necesidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de la sociedad, mientras que los reglamentos indican cómo hay que interpretar las leyes y establecen su operatividad.
Por mencionar algunas, las Leyes que no cuenta con su debida reglamentación son: Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima; Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima; Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima; Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima; y la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima.
En este sentido, Riult Rivera dijo “es necesario hacer énfasis en la necesidad de que toda legislación cuente con el conjunto de dispositivos reglamentarios que le den vida, y permita que las disposiciones jurídicas propuestas y aprobadas por los legisladores, tengan el alcance previsto”.
Finalmente, el exhorto presentado por el legislador, propone un Programa Coordinado de Actualización de la Reglamentación Estatal en el que participen Poder Legislativo y las dependencias a su cargo, así como las barras o colegios de abogados de la entidad, y las facultades y escuelas de derecho de las instituciones de educación superior.