El gobierno de Michoacán, que encabeza el perredista Silvano Aureloes, mantiene en sus cargos a siete mandos de la Procuraduría estatal que tienen señalamientos graves, incluso, algunos son exreos.
Entre ellos están Carlos Alberto Cedano Filippini, Olegario Contreras Macías, José Luis Caraveo Basaldúa, Alfredo Becerril Almazán y José de Jesús Ortiz Jiménez.
También Rogelio Arredondo Guillény Erasmo Castillo de la Rosa.
Todos son funcionarios de la Procuraduría michoacana y aparecen al día de hoy en el directorio oficial de los servidores públicos de la dependencia, con cargos de dirección regional o fiscalía.
Carlos Alberto Cedano Filippini, exagente de la AFI y actual director de Investigación en la Procuraduría michoacana, fue detenido en 2008 por la DEA con droga y 600 mil dólares que no pudo acreditar.
En 2008, tras ocho meses preso en Estados Unidos, un juez de la Corte Federal de Los Ángeles le fijó una fianza de 2 millones de dólares y obtuvo su libertad.
En México, la PGR lo acusó de lavado de dinero, según el expediente UEIORPIFAM/AP/070/2009.
Olegario Contreras Macías, director Regional de Investigación y Análisis, en Zamora, fue denunciado ante derechos humanos del estado por el comerciante Luis Alberto Flores Madrigal, quien lo acusó de secuestro y tortura.
La víctima no denunció ante la Procuraduría por temor, pues relató que fue en instalaciones de la misma dependencia donde agentes, encabezados por Contreras Macías, lo sometieron y querían ligar a la delincuencia.
Rogelio Arredondo Guillén, director de Investigación y Análisis, en Morelia, fue acusado por Oscar Osvaldo García, El Compayito, líder de La Mano con Ojos, de quedarse con 500 mil dólares, 2 millones de pesos y 18 kilos de cocaína, que llevaba cuando lo detuvo.
Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, quien se desempeña como fiscal de Atención Especializado Delitos Alto Impacto, fue delegado de la PGR en Michoacán, de donde fue cesado por el caso Apatzingán.
Se dijo que el expediente que inició tuvo lagunas que facilitaron la liberación de 43 de 44 detenidos por los hechos del 6 de enero de 2015, donde murieron 9 personas.
José Luis Caraveo Basaldúa, director Regional de Investigación y Análisis, en Lázaro Cárdenas, fue detenido con armas en marzo de 2016 por la Marina. Según reportes periodísticos, también ha tenido señalamientos de diversos ilícitos, entre ellos la extorsión.
José de Jesús Ortiz Jiménez fue denunciado penalmente por el excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera, por haberle fabricado una acusación que lo tuvo más de cinco años en prisión. Herrera dijo que éste y otros ministerios públicos de la PGR, dirigido por la exprocuradora Marisela Morales, utilizaron de dichos de testigos aleccionados y pagados por la propia PGR para implicarlo en el delito de narcotráfico.