A once semanas de actos en contra de la ley propiciados por laCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los empresarios promovieron a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una demanda de amparo por actos y omisiones.
En ésta, señalaron como responsables al presidente de la República Mexicana; a los secretarios de Gobernación y Educación; al Procurador General de la República; a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero; entre otros funcionarios públicos.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación, advirtió que la vía de acción del organismo que preside es la legalidad. “La posición de la Coparmex es por la ruta de la legalidad, siendo respetuosos de las acciones que tomen otros organismos”, dijo en referencia a las medidas anunciadas por la Concamin sobre hacer declaraciones fiscales en ceros para evitar pagar impuestos.
En compañía de los presidentes locales de la confederación en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México, presentó la demanda de amparo ante el juez en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, “Esperando ver algún signo de avance en 7 a 10 días. Aunque lo ideal sería que el gobierno federal y estatales no tuvieran que esperar a las acciones del Poder Judicial y reaccionaran cuanto antes”, señaló el líder empresarial.
En rueda de prensa luego de la presentación de la demanda, Gustavo de Hoyos dijo que en los 82 días de actos contra la ley en ocho entidades del país, pero principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, “Los daños son incuantificables pero de manera transversal están afectando a toda ña actividad económica”, apuntó.