Díp Sosa propone sistema estatal anticorrupcion

BANCADA PANISTA PROPONE LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

*Dicha propuesta fue turnada a Comisión, una vez aprobada deberán de adecuarse 17 leyes estatales.

Con la finalidad de armonizar la Constitución Política Local con la Federal, la diputada Martha Sosa y Crispín Guerra, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Poder Legislativo, presentaron una iniciativa en la que proponen la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En su exposición de motivos, la legisladora Sosa Govea explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno que tiene por objeto prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción y las responsabilidades administrativas que correspondan; así como fiscalizar y controlar los recursos públicos ejercidos por los distintos entes estatales, municipales, y órganos estatales autónomos.

Los proponentes Sosa Govea y Guerra Cárdenas, consideraron que es un gran
reto poder enfrentar a la corrupción mediante este Sistema, el cual será un desafío, que de aprobarse se contará con una política de Estado completa, articulada y coherente de combate a faltas administrativas y hechos de corrupción, de alcance Estatal”, puntualizó Sosa Govea.

En dicha propuesta se propone Sustituir el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fortalecer y ampliar las facultades del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, Ampliar el nivel constitucional de prescripción de las faltas administrativas graves, de tres a siete años, Instituir el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación de autoridades competentes en combate a la corrupción; Introducir de manera expresa el concepto de juicio político, y los casos en que procede y establecer un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas administrativas, las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos.
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