El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima hace una enérgica protesta por el abuso de poder y el acto ilegal cometido por el gobierno del estado de Colima, en contra del Partido Acción Nacional.
Como es del conocimiento público, el 24 de junio pasado varios elementos de la policía estatal invadieron nuestras instalaciones del Comité Directivo Estatal en Colima, sin que haya existido una orden judicial ni justificación legal alguna, violando así los derechos y la propiedad privada de nuestro partido.
Esta invasión ilegal de nuestras oficinas es una demostración más del comportamiento prepotente y fuera de la ley que caracteriza al gobierno de José Ignacio Peralta, quién utiliza la fuerza pública para reprimir a sus opositores políticos, en vez de utilizarla para combatir a la delincuencia que agobia a los ciudadanos del estado de Colima.
El allanamiento de nuestras oficinas por los cuerpos policíacos del estado, es una grave intromisión del gobierno en la vida interna del Partido Acción Nacional, violando así las garantías y derechos que la ley otorga a nuestra institución política.
La utilización de los cuerpos policíacos contra el Partido Acción Nacional lo consideramos como una seria amenaza del gobierno estatal a nuestra institución, por la exigencia que hacemos de que se aclare el uso de los recursos públicos utilizados por el gobierno de Mario Anguiano y se castigue cualquier mal uso que se haya hecho de los mismos.
Manifestamos que los atropellos y abusos del poder de José Ignacio Peralta no nos intimidan, por el contrario, refuerzan nuestra convicción de luchar al lado del pueblo de Colima para lograr un manejo honesto de los recursos públicos.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional se reserva el derecho de presentar una denuncia ante las autoridades competentes, por la ilegal invasión policíaca de nuestras instalaciones partidistas.
Por último, hacemos un firme llamado a José Ignacio Peralta para que su gobierno se conduzca dentro de la ley y garantice el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de las instituciones.