Este lunes el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda solicitó al Instituto del Registro del Territorio del Estado (IRTE) una anotación preventiva de los bienes inmuebles y comerciales del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y cinco ex colaboradores de su administración.
El pasado viernes, en sesión del Congreso, la mayoría de los diputados aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda que avaló el informe y propuesta de sanción que les entregó el Osafig sobre la auditoria excepcional respecto a un crédito de 638 mdp solicitado y ejercido en el 2015.
Los puntos que el dictamen de aprobado por la mayoría en el Congreso expuso que se solicitaría esta anotación preventiva sobre propiedades y negocios del ex mandatario Anguiano Moreno, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos y uso indebido de los mismos.
Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda, declaró que les fue recibida la solicitud y agregó que el IRTE “tienen hasta 3 días para que nos dé respuesta”.
Los pasos que siguen, explicó el diputado manzanillense, es que “tiene hasta 10 días el Gobierno del Estado para publicar lo aprobado en la sesión pasada y una vez publicado se le enviaría el turno a la Comisión de Responsabilidades, ya una iniciado el procedimiento en esa comisión, podrían pasar, dijo la diputada Julia Jiménez, de dos a tres meses para que se pueda dictaminar”.
García Rivera negó que se vaya a publicar las propiedades que se anoten preventivamente por el IRTE y sería “tema de esa dependencia si lo hace público”.
Además de Mario Anguiano Moreno, también son señalados como presuntos responsables el ex secretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos; la ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández; Adriana Elizabeth Vargas Valle, actual directora de Egresos y Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto.
De igual forma se confirmó que hoy los presidentes de las comisiones de Hacienda, Vigilancia y mesa directiva del Congreso, Alejandro García, Leticia Zepeda y Nicolás Contreras, respectivamente, presentaran un recurso legal ante la PGJE para iniciarles un procedimiento de investigación por delitos que pudieran constituirse por el desvío de recursos relacionados con el crédito de 638 mdp.