Desde la Curul 26
Por Juan Ramón Negrete Jiménez
La sesión del morbo…
Por primera vez en muchos años, –cuando menos durante toda la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI–, un ex titular del Poder Ejecutivo del Estado, es señalado en un informe de haber desviado una importante cantidad de recursos económicos, donde de entrada se habla de 638 millones de pesos, que fueron los que se auditaron de manera excepcional y junto con otros cinco ex funcionarios de la administración estatal anterior, están señalados de haberse prestado con su actuación, a causar daños a la hacienda pública del estado.
El pasado viernes en el Congreso del Estado se desarrolló la sesión pública número 12, donde se presentaron a la consideración del pleno, únicamente dos dictámenes, –aquí en este mismo espacio el jueves anterior se lo anticipé y le dije cuáles serían–, uno elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; el otro, elaborado por la Comisión de Responsabilidades.
Ambos de relevancia, pues en el fondo los dos documentos estaban relaciones con afectaciones a los recursos públicos de todos los colimenses, sin embargo, en el desarrollo de la sesión, no se le dio el mismo tratamiento, mostrándose como que únicamente les llamó la atención abordar el asunto del ex titular del Ejecutivo del estado, anterior, y el siguiente ya ni lo pelaron…
En esta que se convirtió en la sesión del morbo, por las filtraciones sobre cómo iba a presentarse el dictamen, presumiblemente para tratar de ayudarle al ex mandatario estatal para que emprendiera su defensa, acusaciones veladas de quién fue el diputado que entregó copia al menos a tres medios de comunicación, fueron parte de los ingredientes que le dieron saber a la sesión.
Lo que se dijo antes, durante y después de que se llevara al pleno ese dictamen, por parte de un lado y de otro, vino a aderezar la presentación del documento.
Acusaciones de un lado, respuestas y contra-ataques del otro, es lo que estuvimos escuchando este viernes. De ambos lados se acusaban mutuamente que lo que pretendían era favorecer al ex mandatario para que se pueda escabullir y burle la acción de la justicia en caso de comprobarse los señalamientos que pesan sobre él y sus coacusados.
No había que perder de vista que del bando del tricolor, siete de los ocho diputados de la bancada del PRI, le deben el favor al ex gobernador de haberlos hechos candidatos y con ello ser parte de la Quincuagésimo Octava Legislatura… en contraparte, de la fracción mayoritaria del Congreso, representada por el Partido Acción Nacional, pesa la sospecha de que “le deben” el favor al ex gobernador del estado, que en el pasado proceso electoral ordinario, su verdadero candidato a la gubernatura, fue el hombre de la máscara, Jorge Luis Preciado, a quien no solo lo apoyó con personal, sino que desde las mismas dependencias gubernamentales se estuvo trabajando en contra del abanderado del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, a grado tal que hasta el ex Secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco, en una acción concertada se confabuló para que se anulara la elección de gobernador.
La jugada…
Desde antes de iniciar la sesión ya se sabía que los diputados priistas no querían votar el dictamen, y que iban a presentar un documento para tratar de regresarlo a comisiones “para enriquecerlo”, supuestamente para evitar que el ex gobernador del estado pudiera burlar la justicia.
El dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Alejandro García Rivera, apoyándose con láminas de transparencias que se estuvieron mostrando, no solo a los diputados, sino al público que acudió a escuchar este dictamen, entre ellos el presidente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, su esposa, y sus colaboradores más cercanos, como María Remedios Olivera Orozco, Dionisio Magaña Ray y Omar Suárez Záizar, entre otros.
Así como el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Fuentes Martínez, se leyó en dos horas 24 minutos, e inmediatamente que concluyó su lectura, a las 12:19 horas, el presidente de la mesa directiva, Nicolás Contreras Cortés, decretó un receso a petición de los priistas, quienes trataban a como diera lugar que el dictamen no se votara, sino que se regresara a comisiones.
En la sala de juntas “General Francisco J. Múgica”, los diputados del bloque de oposición, PRI, PT, PVEM y PANAL, hacían presión al coordinador de los diputados azules, Luis Ladino, y al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro García, a como diera lugar les querían vender la idea de que el dictamen como se había presentado, era muy endeble y que con la mano en la cintura se los echará abajo el ex gobernador.
Los priistas, y los diputados únicos del PT, Verde y Nueva Alianza, trataban de convencer a como diera lugar a los panistas de que ellos tenían la razón, y de que si el dictamen no se regresaba a comisiones para que se planteara como lo proponían, el ex titular del Ejecutivo estatal y coacusados burlarán el brazo de la ley.
Como su jugaba clave, trataron de incluir un voto particular en el dictamen, del priista Santiago Chávez, que porque éste no había firmado el dictamen que se había leído y el tecomense juraba y perjuraba, que en las sesiones donde se elaboró el documento “nunca se firmó… si ahora ya está es porque lo acaban de firmar”, diría cuando le hicieron ver que el documento leído sí llevaba todas las firmas excepto la de él.
La jugada en sí no era mala, sin embargo, por no estudiar, esto es, por no conocer lo que dice la Ley Orgánica y su Reglamento, en cuanto al procedimiento que se debe seguir para presentar el voto particular, es que los priistas se quedaron con las ganas de que fuera considerado el “voto particular”, y todo quedó en meras propuestas y buenos deseos.
A Santiago Chávez, y a todos los demás diputados tricolores y sus ayudantes, se les pasó que cuando va a plantearse un “voto particular”, debe hacerse del conocimiento junto con el dictamen, es decir, deben ser parte del orden del día, máxime en un asunto como el que estaban tratando.
Los priistas por conducto de Santiago Chávez, trataban de proteger al ex gobernador Mario Anguiano, argumentando que le estaban violando sus derechos humanos; aducían que al ex mandatario debían favorecerlo en todo tiempo con una protección más amplia, aduciendo el principio pro persona.
También aducían que en el informe de OSAFIG, que dio pie a que la Comisión de Hacienda lo hiciera suyo para presentar su dictamen, los priistas por conducto de Santiago Chávez, decían que “…tenían el deber de resguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, de los presuntos infractores señalados en el informe de resultados de revisión y en el procedimiento de elaboración del dictamen sujeto a análisis, respectivamente, a efecto de otorgar en su favor las garantías esenciales de Audiencia y Debido Proceso Legal que debe prevalecer en todo Estado de Derecho, más aún cuando se pretende privar del patrimonio, posesiones y derechos de los mismos…”
Los priistas tratando de evitar se aprobara este dictamen argumentaban que tanto el Osafig como la Comisión de Hacienda habían incurrido en deficiencias y omisiones graves relacionadas con los derechos constitucionales de audiencia y debido proceso que tiene toda persona que es calificada por una autoridad como presunta responsable de conductas, por las cuales debe ser sancionada.
Decían los priistas que “…da la impresión que el dictamen está hecho a modo para facilitar su fracaso jurídico, deja entrever una presunta complicidad de quienes lo hicieron, lo cual levanta sospechas pues está elaborado de tal manera que parece que los panistas quisieran facilitar que los posibles inculpados eludan la justicia….”
Reviran los panistas…
Por su parte los diputados del PAN respondían a los priistas acusándolos de mantener una actitud muy sospechosa, junto con los diputados únicos de las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, “…al no haber aprobado la propuesta de sanción contra los ex funcionarios de la pasada administración estatal con argumentos faltos de sustento. Es evidente que al tener el ejecutivo el control del aparato judicial, quieran desestimar lo hecho por Acción Nacional, con la única intención de encubrir a sus compañeros de partido para que no se les sancione y de afectar el actuar del PAN en el Congreso”, dirían los azules.
En otra parte de sus intervenciones los blanquiazules insistieron en señalar que “…esta es solo la punta del iceberg, ya que aún no se concluye el proceso de revisión especial que solicitamos a la anterior administración, por lo que esta propuesta de sanciones es por el uso indebido que, al parecer, se le dio al crédito de 638 millones de pesos solicitado al banco Interacciones y de lo cual tuvo conocimiento el actual gobernador Ignacio Peralta, según declaraciones de Mario Anguiano. No queremos pensar que sea por esto y al verse inmiscuido en la comisión de un posible delito el ejecutivo y su bancada quieran entorpecer el proceso y tratar de desestimar lo hecho por Acción Nacional en el Congreso…”
Los legisladores de la bancada mayoritaria en el Congreso en todo tiempo estuvieron defendiendo que el dictamen llevando al pleno del Congreso, no era para sancionar al ex gobernador Anguiano, ni a sus cinco coacusados, sino que este dictamen era para dar por concluida la auditoría excepcional realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, correspondiente al expediente Excepción/01/2016 y ahora sí la Comisión de Responsabilidades pueda iniciar con los juicios sancionadores en materia administrativa.
Priistas subían, panistas bajaban, petistas le entraban al juego y la legisladora de Movimiento Ciudadano, no quería pasar desapercibida para dejar registrada la postura para llevar al banquillo de los acusados al ex gobernador del estado… nadie convenció a nadie, todos mantuvieron su visión y todos se culparon de que si Mario Anguiano y coacusados se les “pela” la culpa será del grupo contrario, pues todos dijeron tener la razón.
Prefirió irse a vender colchones…
Por cierto a la sesión de este viernes únicamente asistieron 24 de los 25 diputados estando ausente el panista Crispín Guerra Cárdenas, y a decir del secretario de la mesa directiva, estaba justificada su inasistencia “por estar cubriendo un compromiso de este Congreso”, diría Javier Ceballos.
En realidad se especuló que la ausencia de Crispín Guerra, fue para tratar de que el PAN no tuviera la mayoría para el momento de la votación del dictamen, ya que incluso en el receso que se prolongó por tres horas, los priistas lo mismo trataron de convencer a Nico Contreras, que a Javier Ceballos, otros trataban de ganarse a Luis Ayala y hasta con Adriana Mesina estuvieron platicando para tratar de convencerlos de que votaran en contra del dictamen para que se regresara a comisiones.
Dicen que en política, en la guerra y en el amor todo se vale, sin embargo, no contaron quienes justificaron la inasistencia de Crispín Guerra, de que éste subió a su cuenta de Facebook “Crispín #MiDiputado”, donde aparece una fotografía del legislador, sentado en la curul del presidente de la mesa directiva, dejando entrever que le va mejor vendiendo colchones que siendo diputado.
Sí, como lo lee, subió un anuncio pasadas las cuatro de la tarde del viernes, donde se dice que: “Buen día, arrancamos con los apoyos a bajo costo. Para mayores informes comunícate al Tel. 31 43123. De 9.00 a 3.00. (sic). #CrispínMiDiputado #TrabajoParaTí”, y muestra un anuncio con los colores panistas.
Dicho anuncio es de La asociación “Hechos por Colima” y Crispín Guerra te ofrecen materiales y productos a bajo costo. Y muestra tinacos para agua con la leyenda Crispín #MiDiputado. Sacos de cemento, láminas de asbesto y colchones.
Como la ve, mientras en el Congreso todo mundo debatía si llevaban o no al banquillo al ex gobernador del estado, Crispín Guerra, mejor se dedicó a vender colchones y tinacos de agua… ¡ah qué caray…!
Hay voces que insistieron en señalar en que no acudió por que esa fue la orden que recibió para que el dictamen no se pudiera aprobar por mayoría, pues le apostaban a que cuando menos iban a hacer flaquear a otro panista, cosa que finalmente no pudieron concretar.
Por eso cuando se sometió a votación el dictamen se aprobó por 13 votos, doce del PAN y 1 de Movimiento Ciudadano, contra once, 8 eran del PRI, 1 del PT, 1 del Verde y 1 de Nueva Alianza.
Hoy interponen las denuncias…
Como la sesión el viernes concluyó a las 18:50 horas, ya no hubo tiempo para que acudieran a interponer la denuncia penal en contra de Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos, Blanca Isabel Avalos Fernández, Adriana Elizabeth Vargas Valle, Jorge Anguiano Olmos y Ricardo Miguel Arteaga González.
Por eso será este lunes cuando acudan ante el Agente del Ministerio Público Investigador, cuando acudan el diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente de la mesa directiva y los diputados Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda y la diputada Leticia Zepeda Mesina, presidenta de la Comisión de Vigilancia del OSAFIG, para que en forma conjunta y/o separada en nombre y representación del Honorable Congreso el Estado, presenten denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la posible comisión de conductas que pudieran considerarse constitutivas de delito.
Asimismo este mismo lunes, “con fundamento en los artículo 11 y 139 fracción IV del Código Fiscal del Estado de Colima; 54 fracción VIII, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 84 de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, y 85 de su Reglamento, los diputados presidente de la mesa directiva del Congreso y los presidentes de las Comisiones de Hacienda y la de Vigilancia, soliciten mediante oficio dirigido al Director del Instituto del Registro el Territorio del Estado de Colima, registre anotación preventiva de los bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en el que figuren como propietarios, copropietarios y socios los ciudadanos Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos, Blanca Isabel Ávalos Fernández, Adriana Elizabeth Vargas Valle, Jorge Anguiano Olmos y Ricardo Miguel Arteaga González, a fin de que no se realicen actos de traslación de dominio alguno, modificaciones, mutaciones, desmembramiento , gravámenes y restricciones que limiten su valor y circulación, y para que dichos bienes no sean dilapidados u ocultados”.
Todo esto con el fin de que se garanticen los 707 millones de pesos que se les aplicó como sanción por haber causado daño a la hacienda pública estatal
Ambos hechos sucederán uno por la mañana y otro en las primeras horas de la tarde, a partir de que se presenten las denuncias, ahora sí vendrá lo bueno, aunque para ser francos, no esperen grandes sorpresas, no pierdan de vista que muchos de los agentes del ministerio público, fueron nombrados en la pasada administración gubernamental y muchos de los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a quienes corresponderá aplicar en un momento dado las sanciones, se la deben al anterior mandatario…. Esto se lo comento para que le vaya calculando el agua a los camotes…
Para cerrar…
** Personal al servicio del Ayuntamiento de Colima, concretamente del área de inspección de establecimientos que se dedican a la venta y consumo de bebidas embriagantes, incluyendo en los restaurantes, se están quejando y por lo mismo quieren mandarle el aviso al titular del Ejecutivo Estatal, porque aducen que desde el pasado mes de marzo les están impidiendo realizar como debiera su trabajo.
Según la información de ese personal del Ayuntamiento de Colima, desde la Semana Santa, un grupo de muy altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, han tomado como cuartel general de operaciones un restaurante-bar allá por la zona norte, el denominado como La Boquita, mismo que con frecuencia lo cierran a muy altas horas de la noche, exigiéndoles a esos trabajadores del Ayuntamiento, que ni se presenten al lugar, porque ahí están departiendo esos muy altos funcionarios de la Procuraduría, muy bien acompañados.
Los señalamientos que hacen son más fuertes, pero no me constan, yo nomás transmito el mensaje de esos inspectores municipales que se sienten intimidados y que no los dejan cumplir con su trabajo ¿estará enterado el gobernador, o cuando menos el Secretario General de Gobierno?, así como pues…
**Para terminar solamente quiero hacer llegar una afectuosa y sincera felicitación al cuerpo de directores, administrativos, editores, diseñadores, reporteros, articulistas, editorialistas, moneros, fotógrafos, colaboradores, repartidores, personal de talleres, en fin todos los que contribuyen para hacer posible la aparición del periódico El Comentario, que este lunes 20 de junio, está cumpliendo su Cuadragésimo Segundo Aniversario (42 años) de fundado, a todo el personal de ese medio informativo les hago llegar un fraternal abrazo, haciendo votos porque se siga manteniendo como uno de los favoritos de los colimenses.