Diputados del Congreso del Estado aprobaron las propuestas de sanción en contra del ex gobernador Mario Anguiano y cinco ex funcionarios de su administración, como resultado del informe y dictamen presentado por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig) de la auditoría especial al crédito que adquirió el gobierno del estado de 638 millones de pesos.
El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda coincidió con el que entregó el órgano fiscalizador, el cual refiere que de los 638 mdp contratados con el banco Interacciones por parte del gobierno encabezado por Anguiano Moreno, en agosto de 2015, una parte no la ejerció en infraestructura productiva como estaba destinado, sino en gasto corriente y otra parte, 12 millones 500 mil pesos, no se ubicó dónde quedo.
De esta forma se establece, conforme al documento aprobado, que Mario Anguiano Moreno, el ex secretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos; la ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández; Adriana Elizabeth Vargas Valle, actual directora de Egresos y Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto, se les proponen las siguientes sanciones.
Sanción económica directa, en partes iguales y subsidiaría a cada uno hasta por 638 mdp. Inhabilitación para ocupar cargos públicos: a Mario Anguiano por 14 años; Rafael Gutiérrez por 6 años; Blanca Isabel, Adriana Elizabeth Vargas y Jorge Anguiano, por 10 años.
Asimismo sanción económica directa, en partes iguales y subsidiaria de 69 millones 66 mil 97 pesos, a Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández.
También el Congreso facultó a las comisiones de Hacienda y Vigilancia del Congreso del Estado para que presenten denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por los hechos narrados que pudieran ser constitutivos de delito.
Además con fundamento Código Fiscal del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley del Instituto para el Registro del Territorio, el Congreso solicitó que el Instituto del Registro del Territorio del Estado realice anotación preventiva en los bienes inmuebles y sociedades inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, inscritos a nombre de dichos ex servidores públicos y así se garantice la posible reparación del daño y el pago de las sanciones pecuniarias a la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Colima.
Cabe destacar que durante la sesión, una vez concluida la lectura del dictamen, los diputados iniciaron una serie de discusiones sobre los errores legales que pudiera tener el documento y que pudiera echar abajo en instancias jurídicas.
Por ello se sacó del dictamen la solicitud para que la Secretaria de Planeación y Finanzas procediera con un embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables, al reconocer que este punto pudiera echar abajo todo el proceso.