“Desde la Curul 26”
Por Juan Ramón Negrete Jiménez
El dictamen que viene…
Mañana viernes el Congreso del Estado someterá a la consideración del pleno el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, donde hace suyo el informe presentado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y fincarán responsabilidades al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y cinco de sus ex colaboradores, por el asunto del préstamo de los 638 millones de pesos que se destinaron a gasto corriente cuando debieron ser para Infraestructura Pública Productiva.
Será un documento extenso el que presentará la citada comisión, donde vaciará prácticamente todo el informe final que entregó el OSAFIG, al Congreso donde propondrá, además de la inhabilitación para el ex titular del Ejecutivo estatal, la aplicación de sanciones pecuniarias en cinco de los seis casos por 707 millones de pesos a cada uno de los señalados y solamente en uno de los casos la sanción que se propondrá será por 12 millones 500 mil pesos.
El dictamen que va a presentar la Comisión de Hacienda irá en dos sentidos, por un lado aprobar las sanciones administrativas, teniendo como base lo establecido por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que una vez aprobadas pasarán a la Comisión de Responsabilidades del Congreso, para que le dé el seguimiento y en su caso una vez que escuche los argumentos de los señalados, ratifique o modifique las sanciones.
La otra vertiente es que ser la Comisión de Hacienda recomendará al pleno que el Congreso del Estado, interponga otra denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia, por la presunción de los delitos de Ejercicio Indebido de Funciones y Peculado, para que sea la Procuraduría quien se encargue de consignar a quien resulte responsable y aplique las sanciones económicas que se demandan, así como la sanción penal.
Desde la semana anterior los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de la Quincuagésimo Octava Legislatura, han estado trabajando en el análisis del informe final entregado por el Auditor Superior del estado, Carlos Armando Zamora González, y prácticamente lo estarán ratificando en todas sus partes.
En consecuencia, el Congreso el Estado, aprobará una inhabilitación por 14 años para el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y una sanción directa por 638 millones de pesos, que es la cantidad equivalente a los daños ocasionados, y 69 millones 066 mil 097 pesos, correspondientes a los perjuicios determinados, esto es, lo que vendrían a ser los intereses y de esta manera resarcir los daños y perjuicios causados a la hacienda pública estatal.
También se propondrá que se apruebe inhabilitar por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisión en el servicio público estatal y municipal y una sanción económica similar a la que se impondrá al ex gobernador del estado, al ex secretario general de gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, acusado de presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa entregada al Poder Legislativo el 10 de septiembre de 2015, donde solicitaba el reconocimiento de la deuda y por generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal.
Por lo que respecta a la ex Secretaria de Administración y Finanzas, Blanca Isabel Avalos Fernández, van a proponer una inhabilitación por diez años y aplicar una sanción económica acumulada por 707 millones de pesos, por presentar información falsa al Congreso del Estado, el 10 de septiembre cuando solicitó el reconocimiento de la deuda.
Las sanciones que se van a proponer, serán también por generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal; por realizar el pago del crédito contratado el 8 de diciembre de 2014 con los ingresos de otro crédito celebrado el 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la debida autorización del Congreso, acusando a la ex funcionaria de simular su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión de un cheque de una cuenta bancaria de BBVA Bancomer, sin suficiencia financiera, y con ello aparentar su pago dentro del ejercicio de la contratación.
Registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse; y también por autorizar y omitir la comprobación de 12 millones 500 mil pesos.
Podrían variar las sanciones propuestas por OSAFIG…
En el dictamen se prevén sanciones para los contadores públicos Adriana Elizabeth Vargas Valle, directora general de Egresos; y Jorge Anguiano Olmos, ex director de presupuesto, en el período que le correspondió ya que este ex funcionario se le concedió pensión por jubilación, en la parte final de la anterior administración gubernamental.
En ambos casos el OSAFIG había propuesta inhabilitarlos por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública estatal o municipal.
Asimismo OSAFIG había propuesto en su informe aplicar una sanción económica directa por 707 millones en cada uno de los casos, sin embargo es parte de lo que estaba por definir la Comisión de Hacienda del Congreso, ya que si bien como funcionarios participaron en distraer los caudales públicos de los objetos a que estaban destinados por la ley; omitir la vigilancia, supervisión y generación de información falsa que sirvió para la presentación de la iniciativa de endeudamiento turnada al Congreso del Estado; y, omitir la comprobación del gasto por 12 millones 500 mil pesos, los miembros de la Comisión de Hacienda que presentará el dictamen este viernes aún no se ponían de acuerdo.
En estos casos, aun cuando reconocen que el informe de OSAFIG encontró responsables a los señalados, lo que están valorando los diputados, es que tanto Adriana Elizabeth Vargas Valle como Jorge Anguiano Olmos, tienen a su favor que ellos solamente acataron las órdenes de sus superiores, ya que encima de ellos estaba la Secretaria de Administración y Finanzas que en todo caso fue quien dio la orden directa para que actuaran como lo hicieron.
Quizá si se proponga la inhabilitación, aunque pudiera ser por menos tiempo del que señala en su informe el OSAFIG, y también estaba pendiente la cuestión de la sanción económica directa, que en ambos casos el Órgano Superior de Auditoría, los tasaba igual que al ex gobernador y a los ex Secretarios General de Gobierno y de Administración y Finanzas, y sugería sancionarlos con 707 millones de pesos a cada uno.
Y el último de los ex funcionarios que se va a proponer sancionar será Ricardo Miguel Arteaga González, él se desempeñó como Coordinador General de la Dirección General de Egresos y posteriormente como Director de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.
A él se va a proponer inhabilitarlo por seis años y aplicar una sanción por 12 millones 500 mil pesos, por generar años y perjuicios a la hacienda pública estatal, por la cancelación de saldos por la misma cantidad que se está proponiendo sancionarlo, en el sistema informático de contabilidad gubernamental, conocido como SAP, sin realizar la comprobación del mismo.
Ayer miércoles se reunió la Comisión Especial de Seguimiento al Endeudamiento por 638 millones de pesos, con lo que fue prácticamente la última reunión de trabajo, ya que al concluirse con el informe final del OSAFIG y con el dictamen que se llevará al pleno este viernes, con ese concluye el trabajo que estuvieron realizando.
Habrá otro dictamen de la Comisión de Responsabilidades….
En la sesión de este viernes que será convocada, tentativamente para iniciar a las 9:00 de la mañana, la Comisión de Responsabilidades, someterá a la consideración del pleno un dictamen que tiene que ver con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, la COMAPAT.
Este es un asunto añejo, donde con la presentación de este dictamen quieren ya finiquitarlo en lo que respecta a la aplicación de las sanciones; el documento es un poco extenso, por eso es que los diputados de la Comisión de Gobierno Interno, determinarán que solo se presenten esos dos documentos, cuya lectura, discusión y probable aprobación les va a llevar varias horas.
De acuerdo a lo que se ha cabildeado los dictámenes van a ser aprobados por los representantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, ya que ninguno de los legisladores quieren cargar con el estigma de que pretenden solapar al ex gobernador Mario Anguiano y a otros de los que fueron sus principales operadores financieros, como fue el caso de Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández.
Desmemoriados…
Por cierto a raíz de este informe del OSAFIG, los que todavía traen por ahí alguna cuentita pendiente, quieren llevar al calabozo a los 17 ex diputados de la Quincuagésimo Legislatura encabezada por el priista Martín Flores Castañeda, que votaron a favor de autorizar al Gobierno seguir endeudando al estado.
Tanto la delegada del CEN del PRD, Martha María Zepeda del Toro, como el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, entre otros, salieron a los medios a tratar de llevar agua a su molino y a exigir que los 10 diputados priistas de la anterior Legislatura, más Mariano Trillo, del Verde Ecologista; Marcos Barajas, del PT; los de Nueva Alianza, dos PAN, que por cierto acababan de entrar de bateadores emergentes y otro creo que del PRD, se les finquen responsabilidades, y que mínimo sean inhabilitados y se les atribuya acción penal, por haber aprobado el endeudamiento al Gobierno del Estado por un mil 728 millones de pesos. Lo que es más, quieren que ellos paguen los 638 millones de pesos con que Mario Anguiano endeudó a Colima, en agosto, antes de irse.
Sin embargo los dos ex candidatos a la gubernatura, tanto Martha Zepeda del PRD, como Leoncio Morán, del Movimiento Ciudadano, ya se les olvidó que desde septiembre cuando aprobaron aquella línea de crédito, ellos mismos se encargaron de perseguirlos, y enfrentarlos, para exhibirlos.
Recuerdo a Leoncio Morán y a su hermano, como cámara en mano andaba en restaurantes, radiodifusoras y otros espacios públicos, persiguiendo a los entonces diputados, ahí están los affaires, de cómo enfrentaron entre otros a José Antonio Orozco Sandoval, en un restaurante y a Martín Flores, cuando salía de una entrevista radiofónica.
Y por si ya se les olvidó, recordarles que una agrupación de empresarios, si mal no recuerdo la de “¿Cómo Vamos? Colima”, acudieron ante el Congreso, ya con mayoría panista, o sea a la actual Legislatura a promover una acción popular o juicio popular en contra de los hoy ex diputados y que por cierto nunca se ha resuelto… ¿sí se acuerdan, verdad?
En fin aún queda mucho por escribirse al respecto, por lo pronto, ya el despacho Price Watherhouse Coopers (PwC), entregó el documento integral al gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, de la revisión que practicó a las finanzas estatales de los años 2014, 2015 y los meses de enero y hasta el 10 de febrero de 2016.
El mandatario estatal entregó los documentos clasificados, es decir su información es confidencial que le hizo llegar PwC y por lo tanto no se puede hacer pública.
Hay actores políticos que desconociendo el procedimiento, han levantado la voz para acusar al actual mandatario estatal de tratar de proteger a su antecesor Mario Anguiano, y que por eso no quiso a dar a conocer sus resultados, y quién sabe que más barbaridades, sin ponerse a analizar que cualquier información que se filtre, es poner en alerta a los responsables, iniciando con el ex gobernador, que solo quieren un piecito para acudir a promover amparos de la justicia federal.
Lo que debieran hacer esos actores políticos es saber leer las señales y escuchar los mensajes, el gobernador Peralta Sánchez, fue muy claro cuando le ordenó a la Contralora General del Estado, que aplicara la ley a quien esté ahí señalado y al Auditor Superior del Estado, cuando le dio el documento íntegro, le dijo que ahí estaba toda la información del último año, para que utilice lo que le sea de utilidad en la auditoría extraordinaria que se viene realizando a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.
Estas auditorías que se llevan a cabo en el OSAFIG ya están a casi el 90% y ahí sí, cuando se vayan a dar a conocer, agárrese porque van a salir chispas… por lo pronto ya vio el buscapiés que lanzó el ex gobernador Anguiano, quien soltó la información que había solicitado otro amparo para que no le fueran a asegurar los bienes que con el sudor de su frente ha acumulado y supuestamente para que no se vaya a dictar orden de aprehensión en su contra. Hasta ahorita ninguna autoridad ha sido notificada de alguna acción promovida por Anguiano Moreno, ni en los juzgados primero y segundo de distrito, no existe ninguna notificación en los estrados…. No cabe duda andan muy nerviosos algunos… y lo que falta.
Para cerrar… Debe irse…
**Cada vez es más insostenible en el cargo el Secretario de Seguridad Pública, Almirante Eduardo Villa Valenzuela, su actuación al frente de esta dependencia ha dejado mucho que desear y en los últimos treinta días se le vino el mundo encima.
En otra ocasión ya le había comentado que parecía que no había titular de la SSP, ya que por ninguna parte se veía el trabajo y se desconocía si en realidad había alguna estrategia con la que vinieran operando.
Bueno le decía en menos de treinta días se le vino el mundo encima… ocurrieron los hechos donde los agentes de su dependencia, abusando de su cargo, de la fuerza y de la superioridad, le dieron tremenda zacapela a la ex candidata a diputada local por el PAN, Meyly Pastora Beltrán Rolón, quien tuvo la osadía de filmar con su celular, a un grupo de agentes, cuando en el jardín Núñez, en esta ciudad capital, estaban basculando a dos jóvenes, a quienes presuntamente se les acusaba de que al parecer le estaban quemando las patas al diablo.
A decir de Meyly Beltrán, en los videos que subió a la red, los agentes policiacos al no encontrarles nada, al parecer pretendieron “sembrarles” algo, para justificar su detención y llevárselos… como se sintieron descubiertos la arremetieron contra la panista, a quién le echaron la caballería encima y le dijeron hasta de lo que se va a morir…
Por esta acción el Secretario Almirante Villa Valenzuela fue citado a comparecer en reunión privada al Congreso del Estado, les dijo que habría que esperar la recomendación que pudiera hacer la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sin embargo reconoció que ninguno de los agentes había sido sancionado, y todos seguían tan campantes como si nada hubiera pasado.
El día que se dio esa reunión con los diputados, los reporteros tratamos de entrevistarlo, y ¡ah! como se resistió, ¡eh! y de no haber sido porque quién sabe a dónde se había ido su chofer con todo y vehículo, que no le quedó de otra más que enfrentar a los reporteros, que si no, nos deja con un palmo de narices.
Cuando por fin se decidió a hablar, lo único que hizo fue exhibirse de cuerpo entero… primero dijo que la comisión de homicidios dolosos había disminuido en el mes de mayo en comparación con el mes de abril, y que en mayo “sólo” se habían registrado 71 homicidios dolosos, y eso que decía que había disminuido un 40%.
Tuvieron que corregirle la plana desde la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno, que mandó un boletín-fe de erratas, para decir que en realidad únicamente se habían cometido poco más de 40 homicidios dolosos y que en abril la cifra había sido de 73, de ahí la disminución de un 40%.
Pero en esa misma entrevista le pedimos informara acerca de un operativo en el puerto de Manzanillo, donde un día antes de su comparecencia en el Congreso, al parecer como a las 16 o 17 horas, habían localizado un artefacto explosivo, concretamente se hablaba de una bomba… ¿pues qué cree? Que el secretario de Seguridad Pública del estado, encargado del mando único de las policías en la entidad, no estaba enterado y juraba y perjuraba que no le habían pasado ninguna información al respecto, ¿¡cómo la ve!?
La gota que derramó el vaso…
Pero sin duda la gota que derramó el vaso, acaba de ocurrir la tarde de este martes, cuando elementos de su corporación, junto con elementos de la Policía de Procuración de Justicia, de la Policía Acreditable y quién sabe de cuántos cuerpos más, se enfrentaron a balazos, con agentes encubiertos de la gendarmería nacional, que vinieron a Colima a detener a un importante miembro de un cartel.
De acuerdo a la información boletinada por la Gendarmería, los elementos del estado, quisieron rescatar al presunto integrante del cartel, que vinieron a detener y en el intercambio de tiros, mataron a un agente federal y lesionaron a otro.
Dice el boletín emitido por la gendarmería que “…cabe señalar que en el marco del dispositivo de traslado del detenido, los elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por parte de uniformados y civiles, lo que ocasionó el fallecimiento de un agente federal y lesiones a otro más, por lo que se presentaron las denuncias penales correspondientes para deslindar responsabilidades….”, qué tal eh.
Aquí no se trata de adelantar juicios, ni decir de quién fue la culpa, pero como que ya es punto menos que insostenible el que continúe en el cargo el almirante Villa Valenzuela.
Quedó demostrado que las autoridades federales no confían en él, porque si le hubieran tenido confianza, cuando menos le hubieran echado una llamada para avisarle de ese operativo encubierto.
Pero también queda muy mal parado el Procurador General de Justicia, señalado hace pocas semanas en unas narco mantas colocadas en Armería, Manzanillo, Colima y no sé qué otros municipios, de estar protegiendo a los miembros de los carteles que están disputándose la plaza y con todas sus letras ponían el nombre del Procurador.
No sé si por eso tampoco a él le avisaron de la acción que iban a realizar los de la Gendarmería, si fue falta de confianza o si de plano se les barrió a los miembros federales correrle la atención a las corporaciones estatales, el hecho es de que hoy, hay un elemento muerto a manos de los policías estatales y otro más lesionado.
Ayer estuvo el gobernador José Ignacio Peralta, en el homenaje que se le rindió al agente caído, en la ciudad de México, dicen que ya platicó con los altos mandos nacionales y que es cuestión de horas, a lo sumo tres o cuatro días, y que vienen los cambios en las áreas de Seguridad Pública.
Por lo pronto “Desde la Curul 26”, estaremos pendientes de lo que ocurra y prestos a agachar la cabeza al sonido de los primeros tiros, no vaya a ser el chamuco.
**Finalmente comentarle que el asunto de la compra de los terrenos de La Campana, hay muchas cosas que no encajan, ahí está metido el titular de la Consejería Jurídica del Estado, que en una entrevista radiofónica dejó más dudas de las que había antes de la entrevista… pero ya se lo estaré comentando en otras entregas, por lo pronto le puedo decir que ahí también hay muchas cosas poco claras que se vienen arrastrando desde la anterior administración…. Ya habrá tiempo de comentárselas.